Un sector de la extrema derecha venezolana, agrupado en un foro que se hace llamar la Comisión Venezolana para la Justicia Penal Internacional, habría solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) que abra una investigación contra el gobierno constitucional de Venezuela, por supuestas violaciones a los derechos humanos. Todo basado en el informe amañado emitido recientemente por Naciones Unidas (ONU).
La instancia opositora sostiene que el documento expedido por la ONU es suficientemente probatorio de supuestos atropellos. “La gravedad y alcance de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Venezuela, los patrones recurrentes de criminalidad; la identificación de los casos potenciales que involucran a altos miembros de la cadena de mando y otras fuerzas de seguridad de Venezuela y otras autoridades venezolanas; y las limitadas perspectivas a nivel nacional para la rendición de cuentas de las personas con mayor responsabilidad, pesan mucho a favor de una investigación“, se señala en un comunicado.
Escalada de presión
Esta acción pareciera un paso más en la trama de máxima presión contra el gobierno y el pueblo de Venezuela. De hecho, según trascendió en informaciones posteriores, el supuesto informe se realizó a distancia con testimonios únicamente de representantes de oposición. Asimismo, se ha conocido que por este documento incriminatorio se habría desembolsado una suma gruesa de dólares.
La disputa por las divisas trajo, a las primeras de cambio, querellas en redes sociales entre personajes como Diego Arria y Julio Borges. El primero acusó al segundo de “cara dura” por querer arrogarse los méritos del informe supuestamente independiente.
Asimismo, este pronunciamiento se produce en momentos en que los Estados Unidos recrudecen las presiones contra el país. El incremento de las acciones para hostigar a Venezuela guarda relación directa con las proximidad de las elecciones presidenciales en EE.UU. y el descenso de la popularidad del actual mandatario y aspirante a la reelección, Donald Trump.
Bestia desesperada
En su desesperación los altos funcionarios de la Casa Blanca han arremetido también contra la República Islámica de Irán y contra la propia Corte Penal Internacional, organismo sometido recientemente a sanciones norteamericanas, por pretender investigar presuntos crímenes de lesa humanidad durante la guerra estadounidense contra Afganistán.
Venezuela ha sido sometida a un asfixiante bloqueo, en medio de la pandemia de covid-19. Las mal llamadas sanciones norteamericanas han dificultado incluso la importación de combustible, lo que a su vez entorpece la distribución interna de alimentos y medicamentos. Esto no lo menciona ni el supuesto informe “independendiente” de la ONU, ni mucho menos esta “Comisión Venezolana para la Justicia penal Internacional”.
