Oposición creó campaña de linchamiento mediático contra Venezuela para llevarla a la CPI

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Una investigación de big data elaborada por expertos independientes determinó que factores de derecha nacional e internacional se valieron de las redes sociales para concretar una campaña de linchamiento mediático y difamación contra Venezuela en el tema de los derechos humanos; con el objetivo de que la nación suramericana sea objeto de una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI). «Quieren tipificar delitos internacionales sin que hayan sido cometidos». Así lo alertó la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en conferencia de prensa emitida este viernes 7 de mayo por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En ese sentido, Rodríguez detalló que está siendo analizado un universo de más de 70 millones de tuits. El estudio riguroso de los primeros 15 millones 345 mil 683 con más de 1 millón 400 mil avatares (fotos de perfil) y más de 31 millones de interacciones, arroja que se trata de un grupo muy reducido de usuarios. A estos se les identificó como bots o perfiles falsos «con muchas interconexiones a través de mecanismos tecnológicos fraudulentos», especificó.

Se consideraron 480 fuentes abiertas: 61% corresponden a cuentas verificadas de medios de comunicación y 27% a otros usuarios en redes sociales. Esto reveló que la operación tuvo como principal escenario Twitter y que el poder de incidencia de los bots «es estruendoso» por sobre el resto.

Asimismo, solo 4% de los tuits emitidos tiene sustento en alguna información; 17% estaban acompañados de algún enlace de medio de comunicación o de elemento audiovisual; 79% eran opiniones no avaladas por ninguna información ni elemento audiovisual. Finalmente, de 293 noticias verificadas, 70% son versiones de la oposición.

CPI

CPI recibió la advertencia: «Para que no dé un paso en falso»

Esta nueva denuncia de Venezuela está contenida en el cuarto informe introducido por el Estado ante la fiscalía de la CPI. La vicepresidenta ejecutiva dijo que la advertencia está hecha para que esta institución «no dé un paso en falso». «Sepan (CPI) que están haciendo un examen preliminar basándose en mentiras y noticias construidas a través del Twitter. Es algo muy grave (…) Hemos pedido a la fiscalía de la CPI dar primacía a la realidad, a los hechos».

«Es un instrumento más de la guerra híbrida contra el país», dijo la vicepresidenta. Pidió al canciller Jorge Arreaza elevar esta alerta a Naciones Unidas para «que el caso de Venezuela se tome como ejemplo de cómo se está violentando todo el entramado jurídico del Derecho Internacional», añadió.

Operación liderada por Almagro

Rodríguez aseguró que la estrategia fue orquestada en Estados Unidos y contó con el liderazgo de Almagro, quien en vez de pronunciarse sobre verdaderas violaciones de derechos humanos en la región solo se ocupa de Venezuela.

«¿Qué ha hecho Luis Almagro por los pueblos de nuestro hemisferio?», se preguntó. «Fue a Bolivia a dar un golpe de Estado (…) No ha visto que los pueblos de El Caribe han sido azotados por huracanes. Yo no le he visto en San Vicente y Las Granadinas adonde llegó la mano solidaria del Alba. No he visto a Luis Almagro en Colombia donde están masacrando al pueblo. ¡Es un impresentable!», prosiguió.

«Se trata de una gran farsa y una manipulación de gobiernos del Cartel de Lima», expresó la vicepresidenta. Agregó que «lo que ha ocurrido realmente es un linchamiento mediático contra Venezuela, uno de los pocos países del mundo cuya Constitución le consagra como un Estado constitcuional de derechos humanos», contrario a la lógica de asesinatos, torturas y desapariciones de la IV República. Recordó que en esa época «la disidencia política se castigaba con la muerte».

En su argumentación, la alta funcionaria puso el énfasis en que en los años 2014 y 2017 la derecha que salió a las calles a protestar estaba provista de armas como lanzacohetes de fabricación casera. «El Estado tuvo que defender la paz de manifestaciones extremadamente violentas; un plan concebido en Estados Unidos y financiado externamente para derrocar al Gobierno constitucional de Venezuela».

«El Estado venezolano se defendió siempre con la prohibición de uso de armas de fuego, y el presidente Nicolás Maduro fue muy claro con que primero que nada el respeto a la vida y los derechos humanos. Y si algún agente de Estado hubiera cometido alguna violación inmediatamente debía ser judicializado», completó.

Llamó a la comunidad internacional a verse en el mismo espejo, «porque lo que le hacen hoy a Venezuela se lo pueden hacer mañana a cualquier otro país, según decidan los poderes fácticos».

Anticipo

Un anticipo de este caso dio la víspera el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en su cuenta en Twitter.

 


 

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