En el círculo vicioso de un estado de negación permanente ante la realidad de una Venezuela que decidió el pasado 28 de julio que el presidente de la República seguiría siendo Nicolás Maduro, se presentan entonces María Corina Machado y Edmundo González Urrutia (EGU) nuevamente a decir, por adelantado, que no reconocerán ninguna sentencia que emita la Sala Electoral del Tribunal Supremos de Justicia.
Como si se tratara de un gran berrinche, patrocinado por ONGs y avalado por Washington, este par de personajes que insisten en desconocer a los poderes públicos de este país, así como la voluntad de la mayoría del pueblo venezolanos, emitieron un comunicado en el que advirtieron que “sería ineficaz y nula toda eventual sentencia del TSJ.
La oposición desconoce el triunfo de Maduro y sostiene que González Urrutia fue el vencedor de las elecciones. Subraya además que asumirá en el cargo de presidente de Venezuela el 10 de enero próximo. Además, insisten en afirmar que “La Sala Electoral del TSJ no está facultada en circunstancia alguna para ejercer esas funciones. De hacerlo, estaría violando el principio de separación de los Poderes Públicos, claramente establecido en fondo y forma en la Constitución. Estaría, además, invadiendo el exclusivo deber del CNE y pisoteando la decisión del pueblo expresada en las urnas”, remarcan.
“Los magistrados de dicha sala estarían violando los derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa. A tal efecto, tal y como reza el artículo 138 de nuestro texto constitucional: ‘Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos’”, dice parte del comunicado emitido por la extrema derecha venezolana.
¿Sorprende?
No, no sorprende.
