Nueva ola de violencia y atentados estalló en Colombia

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Colombia cayó nuevamente en una ola de violencia que desató varios atentados terroristas por parte de grupos armados irregulares que forman parte de la guerra interna que afecta al país con la acción de bandas criminales y narcotráfico.

Es por ello que en medios, agencias y redes sociales circularon imágenes y comentarios sobre la voladura de un puente entre Curumaní y Pailitas en el Cesar; además de un ataque en Cúcuta con explosivos y la quema de un vehículo en la vía Panamericana entre Popayán y Cali, entre otros hechos.

Estos hechos los atribuyen los grupos armados del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual hace algunos días distribuyó volantes o panfletos; para anunciar la activación de un «paro armado» en todo el territorio colombiano entre el 23 y el 26 de febrero.

“Contra Duque y su mal Gobierno, el Ejército de Liberación Nacional decreta paro armado en todo el territorio nacional. Se llevará a cabo a partir de las 6:00 horas del 23 de febrero, hasta la 6:00 horas del 26 de febrero de 2022″. Este es el texto de la propaganda que difundió el ELN.

Duque debe responder

Según medios de comunicación colombianos, el primer atentado se registró en la ciudad de Cúcuta, en el departamento Norte de Santander, con la activación de explosivos que, al parecer, no dejaron personas heridas y fallecidas.

Por su parte, en el departamento del Cesar, hubo otras detonaciones en horas de la madrugada. Fue en este sucedo donde se produjo el desplome del puente de Pailitas. Asimismo, se conoció que los grupos irregulares dejaron banderas del ELN en espacios afectados por los atentado, para atribuirse los ataques.

A la administración de Iván Duque se le responsabiliza por su incapacidad para frenar la violencia durante el ejercicio del gobierno central. Por el contrario, los números señalan que se han incrementado de manera considerable, por ejemplo, la cantidad de asesinatos contra líderes sociales y campesinos.

Sólo en lo que va de 2022 se han ejecutado 15 masacres en distintos puntos del territorio, tal como lo establece el registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), el cual se encarga de la defensa de los derechos humanos y el el seguimiento a la violencia en Colombia.

 


 

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