El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el Gobierno chileno solicitó al Ministerio Público (MP) los antecedentes penales de 5 personas presuntamente vinculadas al homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Sin embargo, aclaró que no se trata de una solicitud de asistencia mutua en materia penal.
A través de su cuenta de X, Saab reveló que este jueves el MP recibió por correo electrónico una solicitud de cooperación interinstitucional de la Fiscalía General de Chile.
Detalló que en la solicitud pedían datos personales y antecedentes penales de 5 personas vinculadas al homicidio de Ronald Ojeda, una de ellas es el exmilitar asesinado y otra del actual procesado por la justicia venezolana por el delito de terrorismo, Anyelo Heredia.
“Dicha solicitud será respondida a la brevedad”, afirmó el titular del MP.
Asimismo, el fiscal aclaró que esta solicitud no se trata de una asistencia mutua en materia penal.
Por lo tanto, puntualizó que en base a lo solicitado por la Fiscalía chilena vía correo electrónico el MP de Venezuela procederá a la ubicación de los sujetos señalados como presuntos involucrados en el asesinato de Ojeda.
Asimismo, añadió que procederán a su inmediata detención en el caso de que los mismos se encuentren en territorio venezolano.
Saab destacó que las autoridades venezolanas han desarrollado una feroz lucha contra las organizaciones criminales, en especial contra el Tren de Aragua. Al tiempo, recordó que esta organización criminal fue completamente desmantelado a finales del año pasado.
El año pasado las autoridades venezolanas detuvieron a decenas de sus integrantes y colaboradores, quedando varios de ellos con órdenes de aprehensión.
“Venezuela y su Ministerio Público tiene la más absoluta disposición de cooperar en la lucha contra el delito transnacional y ofrece a Chile toda su experiencia en el combate de estos grupos de delincuencia organizada”, ratificó el fiscal Tarek William Saab.
Vale destacar, que varios Gobiernos de la región utilizan al Tren de Aragua para arremete contra los migrantes venezolanos, y perseguirlos al asegurar que están vinculados con bandas criminales.
Esta estrategia se ha visto en Colombia, Perú y Chile, donde las autoridades culpabilizan a esta banda criminal de todos los hechos delictivos que suceden en sus países.