MP mantiene seguimiento por agresión a niño venezolano en Perú

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El Ministerio Público (MP) exigió justicia en torno a la campaña de xenofobia por parte de sectores en otros países suramericanos, contra Venezuela; lo cual incitó a la brutal agresión de un niño venezolano de 11 años en un colegio de Perú.

En tal sentido, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó sobre la comunicación que envió  su homólogo Pablo Sánchez, con el objetivo de que se activen los mecanismos correspondientes, con el fin de esclarecer el hecho en el cual el joven venezolano fue víctima de una feroz golpiza.

«Ayer remití oficio a Pablo Sánchez Velarde, Fiscal General de Perú, por el grave hecho de xenofobia cometido contra un niño venezolano; por parte de un compañero de clases quien lo golpeó fuertemente generándole un derrame cerebral y esguince cervical», manifestó el titular del Ministerio Público.

Como se recordará, esta semana al niño Jhoangel Jesús Sambrano, de 11 años, se le diagnosticaron traumatismos en el cráneo y derrame cerebral tras recibir una golpiza por parte de compañeros del colegio, según denunciaron sus familiares.

¿Qué dice Perú?

Por su parte, el gobierno de la República del Perú emitió un pronunciamiento a través de las redes sociales, en el cual condenó de manera enérgica, la agresión contra el niño. Al mismo tiempo, las autoridades expresaron la disposición de avanzar en las investigaciones necesarias.

“Nuestra solidaridad con la familia y la comunidad venezolana residente en el Perú”, fue el mensaje de la cancillería; con lo cual fijaron su posición para identificar y sancionar a los responsable del hecho.

Por su parte, la Dirección Regional del Lima, perteneciente al Ministerio de Educación del Perú, informó que mantiene bajo seguimiento la recuperación del estudiante venezolano. También se comprometieron con ayudar a que se cumplan los procesos regulares en el ámbito legal, médico y de orientación familiar necesarios.

Asimismo, la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Perú, se encargó de adelantar los trámites para exigir respuesta inmediata a fin de atender las implicaciones jurídicas, penales y educativas que tiene el hecho.

 

 


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