Bajo la mampara de luchar contra un «régimen dictatorial» que no es tal, el Gobierno del perdedor Donald Trump aprovecha hasta el último aliento para dañar a Venezuela con una política que ya su antecesor Barack Obama había admitido: es fracasada. Es así como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aprobó nuevas medidas coercitivas y restrictivas contra la nación suramericana, su Estado, su Gobierno y su pueblo; contra una de las ramas vitales de su economía.
La institución estadounidense incorporó a la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN en inglés) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a 3 personas naturales, 14 entidades y 6 buques petroleros por mantener nexos con el sector petrolero venezolano. Así se lee en un comunicado oficial de fecha 19 de enero emitido por el mencionado Departamento estadounidense.
«Aquellos que facilitan los intentos del régimen ilegítimo de Maduro de eludir las sanciones de Estados Unidos contribuyen a la corrupción que consume a Venezuela», argumentó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.
Personas y empresas
En ese sentido, fueron sancionados el suizo Philipp Paul Vartan Apikian, el italiano Alessandro Bazzoni y el venezolano-español Francisco Javier D’Agostino Casado. El primero es dueño y director de Swissoil. Se lo señala de vender y enviar petróleo crudo venezolano.
En la misma línea se acusa a D’Agostino, cuñado del adeco opositor Henry Ramos Allup. La administración Trump le culpa de «haber asistido materialmente, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico; o bienes o servicios en apoyo de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA)». Este es dueño de 4 de las empresas sancionadas a saber: Jambanyani Safaris (Zimbabue), D’Agostino & Company, Ltd (Venezuela), Catalina Holdings Corp. (Estados Unidos) y 82 Elm Realty LLC (Estados Unidos).
Otras de las compañías castigadas con las nuevas medidas unilaterales son Elemento Oil and Gas Ltd, con sede en Malta, formada en marzo de 2015, con Bazzoni como único accionista. Igualmente, AMG SAS di Alessandro Bazzoni & C, creada en Italia y controlada por el mismo empresario italiano.
Buques
En lo que respecta a los buques sancionados son Baliar, Balita, Domani y Freedom, operados por la empresa Fides Ship Management LLC, con sede en Odessa (Ucrania). El Maksim Gorky, propiedad del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) de Venezuela. Por último, el Sierra, de bandera rusa, propiedad de Rustanker LLC, ubicada en la Federación Rusa.
Son las últimas acciones criminales de un gobierno que sale por la puerta de atrás con su mandatario sometido a un juicio político (el segundo en menos de un año) que podría inhabilitarle políticamente para siempre.
Venezuela emitió rechazo
A través de un comunicado emitido por la Cancillería de la República, el Gobierno venezolano consideró que estas nuevas medidas coercitivas son una «nueva agresión desesperada». Cuestionó que Trump haya mantenido su ensañamiento, con agresiones sostenidas y despiadadas, violando el derecho al libre comercio; lo mismo que la posibilidad del Estado venezolano de atender las necesidades más sentidas de su pueblo. «Venezuela espera que más pronto que tarde respondan ante la justicia internacional por el daño que causaron», finaliza el texto oficial.
#COMUNICADO | El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional una nueva agresión desesperada contra el pueblo venezolano por parte del saliente y agónico gobierno de Donald Trump. pic.twitter.com/Kzh4lBRVlK
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 19, 2021
