En Colombia, la delegación oficial del Comité Nacional del Paro anunció a través de un comunicado que por la militarización y violencia del Gobierno dirigido por Iván Duque, no se concretaron acuerdos entre ambas instancias.
En el comunicado, el Comité afirma que «hay un discurso de odio y una serie de declaraciones estigmatizantes que ha dejado como resultado el asesinato de cerca de 70 personas; 14 de ellas asesinadas la noche del 28 de mayo en la ciudad de Cali».
Desde el inicio de las protestas en Colombia, en el marco del Paro Nacional; y en rechazo a las políticas de gobierno de Iván Duque, se han hecho públicas múltiples denuncias de violación de los derechos humanos. El 24 de mayo el Comité Nacional del Paro solicitó la firma de un preacuerdo de garantías para la protesta pacífica. La propuesta fue rechazada por el Gobierno de Colombia.
Durante más de un mes de protestas en Colombia existen denuncias de 3.155 casos de violencia policial; 955 víctimas de violencia física y 43 víctimas de homicidios, presuntamente perpetrados por la Policía. Además de 1.388 detenciones arbitrarias contra los manifestantes, 595 intervenciones violentas; 46 víctimas de lesiones oculares, 165 casos de disparos de arma de fuego y 22 víctimas de violencia sexual. Estas cifras son aportadas por la Organización No Gubernamental (ONG) Temblores.
Gobierno de Duque insiste en la militarización de la protesta pacífica
El Comité del Paro aseguró que la insistencia del Gobierno de Duque en la militarización y la violencia, bloqueó la negociación del pasado domingo. Las principales peticiones para avanzar en las conversaciones con el gobierno nacional se centran en la desmilitarización de la protesta social y el respeto de los derechos humanos.
Por su parte el gobierno de Iván Duque decidió imponer la «asistencia militar» a través de un decreto.
En ese sentido, el Comité del Paro exige la derogatoria del decreto 575 de 2021.; el cual insta a la asistencia militar en los departamentos del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda. El decreto además sanciona a los gobiernos locales que no cumplan con esta medida.
Ambas instancias acordaron continuar las conversaciones el próximo martes.