El GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH), ha presentado el día de ayer, el informe que confirma la masacre al pueblo boliviano, por oponerse al golpe de Estado a Evo Morales, luego de su victoria en el proceso electoral del 2019.
En este sentido, Patricia Tappatá, representante de la CIDH, ha dado detalles sobre el informe final, en La Paz:
“Examinamos materiales de archivo que nos proporcionaron diferentes ministerios…también incluimos en nuestros análisis, contribuciones especializadas y observaciones de dictámenes médicos forenses. Analizamos, no solo los graves eventos que ocasionaron el mayor número de víctimas, y alcanzaron mayor difusión e impacto, sino que procuramos incluir todos los hechos de violencia y de vulneración de derechos humanos… se proponen planes de investigación para los delitos identificados, que requieren llevarse a cabo cuanto antes”.
Cabe destacar que, entre los responsables se encuentra, la expresidenta derechista Jeanine Áñez. En su periodo de mandato interino, ocurrieron dos hechos de masacre al pueblo boliviano, el ocurrido en la localidad de Sacabay en la planta de gas de Senkata.
Por su parte, Tappatá, luego de arduas investigaciones, declara sobre estos hechos que: «Los hechos de Sacaba y Senkata fueron masacres. Es esencial que las víctimas obtengan justicia y se inicie un proceso de reparación por los daños provocados y de atención inmediata para sanar heridas».
La Masacre fue orquestada por La Organización de Estados Americanos (OEA)
En este sentido, Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, quien ha reconocido, sus acciones en el golpe de Estado en Bolivia, forzando la salida de Evo Morales; es uno de los principales responsables impunes de la masacre.
«Se llevará adelante las iniciativas necesarias, para que las reprochables acciones de Luis Almagro, no queden impunes», dijo El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.
Asimismo, el actual presidente de Bolivia, Luis Arce, considera las acciones de la OEA, como nefastas, expresando que, el posicionamiento de dicho ente, “denota injerencia e intromisión en los asuntos internos”.
