Lo que decidió el MP sobre 2 casos de violación de derechos humanos

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Este lunes, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, se refirió a dos casos de violación de derechos humanos.

Al respecto señaló Saab: «Quiero ratificar el compromiso del Estado venezolano con la protección y defensa de los derechos humanos. Cuando ocurra circunstancias en contra de esto habrá todo el peso de la ley».

Los casos, calificados por el fiscal como «hechos de sangre» se produjeron en el estado la Guaira y han enlutado a hogares venezolanos.

Avance de las investigaciones: caso de joven pescador

«Debemos trabajar más duro para erradicar el abuso de poder y uso de uniformes policiales para perpetrar delitos y ejecuciones extrajudiciales» señaló el Fiscal.

Se libraron órdenes de aprehensión contra José Pinto Marrero, José Fidel Blanco, Jesús Sánchez Roquett y Jesús Ibarra, por su responsabilidad en la muerte del adolescente de 16 años, George Soto Berroterán.

Según la denuncia, José Pinto dio instrucciones a sus escoltas para que agredieran a Juan Romero hasta que éste admitiera haberse apropiado de mercancía y dinero producto de la faena pesquera.

Los solicitados serán imputados por la comisión de homicidio intencional calificado con alevosía y por motivos fútiles e innobles, privación ilegítima de libertad y agavillamiento.

Ajusticiamiento en el Barrio el Limón

Adicionalmente, se informó sobre una denuncia de ajusticiamiento de 5 personas hecha por efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana en el barrio El Limón, ubicado en la carretera vieja Caracas-La Guaira.

Se constató inconsistencias en las actas policiales, y se estableció la existencia de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en la acción policial.

Según la investigación, Wilmer Yánez, Andry González, Pedro Salcedo, Arquímedes Fuenmayor y Roger Narváez, se encontraban durmiendo en sus residencias cuando comisiones de las FAES irrumpieron violentamente en sus viviendas.

Acciones del Ministerio Público

Considerando estos lamentables hechos, de violación de derechos, el fiscal general fue enfático en mostrar su rechazo ante tales delitos.

Hasta la fecha y desde 2017, se han imputado a 540 funcionarios por ser presuntamente responsables de la violación de derechos humanos.

Asimismo confirmó que se han hecho 336 acusaciones penales relacionadas y con un saldo de 140 sentencias condenatorias.

«Ante estos hechos repudiables, creemos fundamental fortalecer la formación de los aspirantes a funcionarios policiales, así como de los funcionarios ya en ejercicio», indicó Saab.

Finalmente, sentenció que cualquier funcionario público que asuma actitudes de violación de derechos humanos será castigado con todo el peso de la ley.

 


 

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