Prófugos de la justicia que se mantienen refugiados en España, piden mayor protección; para evitar los mecanismos de extradición que contemplan las leyes y acuerdos internacionales que mantiene la nación europea con Venezuela. Por ello, el propio Leopoldo López adelanta diversas gestiones.
De esta forma, el vocero del partido de ultraderecha venezolano Voluntad Popular (VP), insistió en sus alegatos a favor de sus aliados que tienen deudas con la justicia nacional, como el caso de Ernesto Quintero, a quien defendió en febrero del presente año y cuya extradición se suspendió a última hora.
Es evidente, que para López se crearía un precedente no favorable si el gobierno de España admite casos como los que involucran a Quintero; por estafa a través de la casa de bolsa ABA Capital, con sede en Maracaibo, estado Zulia. Lo mismo que a Rolando Figueroa, responsable por el delito de estafa agravada en la compraventa de medicamentos oncológicos.
A mediados del 2021, el gobierno del presidente Nicolás Maduro elevó la petición a España, para que extradite al Leopoldo López, coordinador del partido Voluntad Popular; quien escapó del país donde tiene deudas pendientes por incitar a la violencia y al odio. Además, participó en el intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2020 y en la organización de la denominada Operación Gedeón.
¿A favor o en contra?
Aunque no ha habido pronunciamientos oficiales por parte del gobierno español en ese sentido; es evidente que se produjeron retrasos y suspensiones de la posibilidad de enviar a esos delincuentes a territorio venezolano. Esto, favorece la posición de la extrema derecha.
Por otra parte, actores políticos y organizaciones como el Partido Popular (PP) de España, pidieron formalmente a las autoridades del país europeo que se elimine el acuerdo de extradición que existe entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela.
Al respecto, el PP argumenta que «la extradición es un instrumento de cooperación entre las naciones que implica un reconocimiento a los sistemas judiciales y a los estándares de separación de poderes y de calidad de Estado de Derecho entre las diferentes naciones», informó en las últimas horas la agencia Europa Press.
