Lawfare en Latinoamérica: gobierno de facto imputa a Evo con audio adulterado

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La Fiscalía del gobierno de facto del Estado Plurinacional de Bolivia anunció este martes que inició una imputación contra el expresidente Evo Morales y dictaminó su detención, acusándole de promover terrorismo y rebelión para desconocer las autoridades ilegítimas que se erigieron después del golpe de Estado en su contra el pasado 11 de noviembre de 2019.

La Comisión de Fiscales Anticorrupción ejecuta este procedimiento 4 meses después de las protestas que se generaron para condenar el golpe contra el primer mandatario de los pueblos indígenas que lleva las riendas de esa nación.

Irónicamente quienes lo acusan de terrorismos son los mismos que invadieron, quemaron y destruyeron la casa de Morales durante el golpe; que persiguieron a sus familiares y a todos los líderes políticos, sociales e indígenas después de asumir el poder de forma inconstitucional y reprimieron, torturaron y asesinaron a miles de manifestantes que colmaron las calles alzando su voz en favor de su líder y la democracia. El gobierno de facto de Bolivia señalando al líder indígena de promover el terrorismo en Bolivia.

A destiempo   

La acusación está basada en unos audios que se le atribuyen al líder indígena, donde según las personas que usurpan actualmente los cargos en ese país, Morales incitó a los hechos de violencia que durante largas semanas recorrieron todo el país rechazando la traición del alto mando militar y policial y la conspiración que se coronó con ilegítima juramentación de Jeanine Áñez.

“De acuerdo con las investigaciones, se evidenció que el exjefe de Estado y el coimputado Faustino Y.Y. mantuvieron comunicación mediante llamadas telefónicas el 14 de noviembre de 2019, desde la ciudad de México”, reseña el comunicado de la Fiscalía.

Es una persecución policial y un disparate

La defensa de Evo Morales alegó que la orden de detención emitida contra el expresidente de Bolivia por el Gobierno de facto y la acusación fiscal son un disparate.

En un comunicado de los abogados Eugenio Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra se lee que la acción es otra evidencia del estado policial de Bolivia. «Las pruebas no existen (…) No hay cargo penal alguno que deba incriminar al expresidente, nuestro defendido». «Evo Morales lucha por la recuperación del Estado constitucional y la democracia», añade.

Miedo a elecciones

Esta nueva arremetida evidencia que la fracción golpista está desesperada y desea desacreditar y condenar a Evo Morales y todo el entorno del partido Movimiento al Socialismo justo a tres meses de las elecciones generales programadas para el 6 de septiembre.

La oligarquía boliviana demuestra su temor al proceso democrático y busca enturbiar la imagen de la candidatura de Luis Arce y David Choquehuanca, dupla que domina las encuestas y buscan retomar el hilo constitucional que se rompió tras la componenda contra Morales, que ganó las elecciones el 20 de octubre y cumplió lo establecido en la carta magna al sacar más de 10 puntos de ventaja.

Sufren por la pandemia

Mientras tanto el pueblo boliviano padece la desatención y las políticas desacertadas de la dictadura ante la pandemia del covid-19. Una agonía que se combinada con múltiples hechos de corrupción y la privatización de proyectos que fueron creados para asistir a los más humildes. Más de 40 mil personas están contagiadas y más de 1.450 han fallecido por el coronavirus en la región del altiplano.

 


 

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