La obsesión criminal de EE.UU. con Venezuela: ahora sanciona buques petroleros

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Este martes Estados Unidos sancionó 4 navieras por transportar petróleo de Venezuela y designó 4 embarcaciones involucradas como "propiedad bloqueada", según lo anunciado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro en un comunicado disponible aquí en inglés.

Detalla el comunicado del policía imperial, que Washington considera “inaceptable” la explotación de crudo de Venezuela para beneficiar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, y ha amenazado que “quienes faciliten estas actividades, se arriesgan a perder el acceso al sistema financiero estadounidense”.

“Estas compañías transportaban petróleo que fue efectivamente robado al pueblo venezolano", así afirmó el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, en un intento por seguir cubriendo el saqueo que su administración y Juan Guaidó hacen a la República Bolivariana de Venezuela.

La orden ejecutiva precisó que las empresas navieras sancionadas son Afranav Maritime, Seacomber, Adamant Maritime y Sanibel Shiptrade, basadas en las Islas Marshall, a excepción de la primera que está registrada en Grecia, y las acusó de haber transportado petróleo venezolano durante el 2020.

Por su parte, las embarcaciones objeto de la medida coercitiva unilateral son: el buque cisterna Athens Voyager, que navega bajo la bandera de Panamá; Chios, con la de Malta; Sea Hero, con la de Bahamas; y Voyager I, con la de Islas Marshall.

Estas sanciones se suman a una larga lista de altos funcionarios venezolanos y entidades a los que EE.UU. acusa de estar involucrados en el comercio petrolero, un ingreso vital para la economía venezolana y que lleva 6 años de contracción económica, a raíz de las medidas coercitivas de Washington para defenestrar el Gobierno de Nicolás Maduro.

En respuesta a estas nuevas sanciones que impone Estados Unidos, en medio de su gravísima crisis social y sanitaria, que ha dejado más de 100 mil muertes por el covid-19, 40 millones de puestos de empleo perdidos,  y tras 8 días de protestas sociales en contra de las constates violaciones de derechos humanos en ese país, el canciller venezolano Jorge Arreaza calificó la nueva agresión como una "obsesión criminal".

 


 

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