Las universidades autónomas del país siempre han estado al servicio de las élites nacionales. Desde su origen, se dedicaron a generar instrumentos de exclusión a la población explotada. Estuvo conformada por un 70 % de estudiantes de las clases altas, 25% de las clases medias y un 5% de la clase explotada, a través de mecanismos que garantizarán dicha estratificación.
Fieles a su razón de ser, con la llegada de la Revolución Bolivariana, se convirtieron en enemigas de este proyecto político y más aún de la creación de universidades que abrieron las puertas al pueblo, eliminando de raíz aquella tragedia llamada “población flotante”, con la espera eterna de jóvenes que llegaron a la tercera edad con el sueño de prepararse en los espacios académicos, sin alcanzarlo.
«Libertad» y «democracia» a conveniencia
Las exigencias de la “meritocracia” (como se hacen llamar quienes defienden sus privilegios en los espacios académicos) hacia la Revolución son “libertad”, “democracia” o el recordado “elecciones ya”. Sin embargo, cuando se hace una revisión a lo interno de estas universidades se puede encontrar:
*Autoridades enquistadas en el poder durante décadas: Cecilia Arocha (Rectora de la Universidad Central de Venezuela (UCV) electa por el período 2008-2012, separada de sus funciones temporalmente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2019), Mario Bonucci (Rector de la Universidad de Los Andes (ULA) electo para el período 2008-2012, aún se mantiene en el cargo), Jorge Palencia (Rector de La Universidad del Zulia (LUZ) electo para el período 2008-2012, aún en ejercicio), Jessy Divo de Romero (Rectora de la Universidad de Carabobo (UC) para el período 2008-2012, aún sigue en el cargo).
*Sistema electoral excluyente: los votos profesorales valen 50%, los estudiantiles 30%, los egresados 10% y los empleados y obreros 10%.
*Liderazgos estudiantiles dedicados al paramilitarismo y la violencia callejera con las guarimbas: casos como Gabriela Arellano, Nixon Moreno, Pizarro, Requesen, entre otros; algunos de ellos graduados con procedimientos ilegales, pues nunca se les vio entrar a un salón de clase en sus tiempos de “estudiantes”.
A elecciones en 6 meses
La Sala Constitucional del TSJ ordenó la celebración de elecciones de las autoridades de la UCV y estableció las pautas para efectuar las elecciones de las autoridades universitarias del resto del país con el período académico vencido, en un plazo de seis meses, a través de la sentencia 0324-2019.
Esto ha generado reacciones de las autoridades cuyos cargos se ponen en peligro, demostrando su doble moral ante el tema electoral y el ejercicio de la democracia.
Las autoridades que exigen “democracia” y elecciones (siempre antes del tiempo establecido constitucionalmente) al gobierno nacional, llevan más de 11 años enquistados al poder de las universidades autónomas y se niegan a abrir el espacio a las elecciones que tienen 7 años de retraso para dar paso a nuevas autoridades.
¿Dónde está la respuesta de los “estudiantes” de estas universidades que tan fervientemente coreaban “libertad” durante las guarimbas? Si la universidad carece de recursos ¿Por qué les cuesta tanto desprenderse del poder?.
