La jueza 30 de garantías, Clara Ximena Salcedo, actuó conforme a lo esperado en el establishment colombiano. Tras un breve proceso de deliberaciones, la magistrada levantó la medida de casa por cárcel que pesaba sobre el expresidente, Álvaro Uribe, quien ahora recupera su libertad, mientras dure el proceso judicial en su contra, ¿justicia?
La alta funcionaria del sistema judicial colombiano, aprobó el argumento de la defensa de Uribe, según el cual para que exista una medida de aseguramiento (casa por cárcel), con arreglo de la ley 906, era necesario que, previamente, se hubiera realizado una audiencia de formulación de imputación. Lo que, según Salcedo, no había sucedido hasta el momento.
La ley 906 es el cuerpo jurídico que rige los principios rectores y las garantías procesales en el sistema de justicia colombiano. El expresidente, Álvaro Uribe, está siendo procesado tras haber sido demandado por el diputado de ese país, Iván Cepeda, por un caso de irregularidades procesales y supuesta compra de testigos.
De vieja data
Como reseña la prensa internacional, este enfrentamiento entre ambos políticos (Cepeda y Uribe) se remonta al año 2012. En esa fecha Uribe había demandado a Cepeda por un supuesto delito de manipulación de testigos.
No obstante, el proceso judicial dio un giró de 360 grados cuando el Tribunal Supremo, no sólo archivó la causa por falta de pruebas, sino que además abrió una investigación contra el antiguo ocupante de la Casa Nariño, por existir indicios de que había sido él (Uribe) quien había cometido el crimen (forjamiento de testimonios y soborno), y también fraude procesal. De acusador,el exmandatario pasó a acusado.
A comienzos del pasado mes de agosto, la Corte Suprema de Justicia colombiana había ordenado el arresto domiciliario de Uribe. Así se convertía en el primer expresidente de la historia de ese país en tener que cumplir una sanción de esa naturaleza.
Jurisdicción más amigable
No obstante, apelando a una astuta artimaña jurídico-política, Álvaro Uribe, renunció a su cargo como senador, para eludir la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, institución que le había dictaminado la medida de aseguramiento con detención domiciliaria. Así el caso retomó el cauce de la justicia ordinaria, donde el expresidente, por lo visto, tiene más poder para influir. De modo que aumentan sus posibilidades de «librarse» de una condena.
Este caso por el que se juzga a Uribe, de alguna manera es comparable con otro muy sonado en la historia contemporánea, como el del gánster norteamericano, Al Capone. Al mafioso estadounidense nunca se le pudieron comprobar los múltiples delitos cometidos y al final sólo pudo ser encarcelado por un caso de evasión de impuestos.
Pues bien Uribe ha sido ampliamente señalado, dentro y fuera de su país, por sus claros nexos con el paramilitarismo y el narcotráfico colombiano. El exmandatario es tristemente célebre por haber instaurado la práctica de los falsos positivos. Y se ha visto involucrado en innumerables atrocidades contra los derechos humanos del pueblo colombiano, en embargo nunca ha podido ser juzgado por esos crímenes.
Reacciones en la red
La decisión de la jueza Salcedo generó diversas reacciones en redes sociales. Una de las primeras en pronunciarse fue la periodista y presidenta de la televisora multiestatal Telesur, Patricia Villegas.
«Libertad para Uribe Vélez. Los procesos siguen. Por ahora el Ex Pdte. se anota un punto Vs. la batalla por la búsqueda de justicia. Logra un objetivo puntual. En su caso se juega la institucionalidad y el Estado de Derecho. Veremos», expresó la comunicadora.
#Colombia. Libertad para Uribe Vélez. Los procesos siguen. Por ahora el Ex Pdte se anota un punto Vs. la batalla por la búsqueda de justicia. Logra un objetivo puntual. En su caso se juega la institucionalidad y el Estado de Derecho. Veremos.
— Patricia Villegas Marin (@pvillegas_tlSUR) October 10, 2020
Como afirma Villegas habrá que esperar por el desenlace de este caso. A juzgar por la realidad de un Estado secuestrado por la narcopolítica y el paramilitarismo, lamentablemente, existen pocas probabilidades de que se haga justicia.