El Ministerio Público (MP) condenó este lunes a los funcionarios de la policía de Táchira, Javier Useche Blanco y Henry José Ramírez Hernández, por haber disparado y quitarle la vista al adolescente Rufo Chacón.
En su cuenta de Twitter, el fiscal general de la República Tarek William Saab detalló que a Useche Blanco lo condenaron a 27 años y 9 meses de prisión; por ser el autor del delito de homicidio intencional en grado de frustración.
Mientras que la pena de Ramírez Hernández es de 21 años y 5 años, por cooperador inmediato.
Ambos funcionarios de la policía del Táchira fueron condenados por los delitos de homicidio calificado en grado de frustración; trato cruel y uso indebido de arma orgánica.
Los efectivos policiales dispararon con sus escopetas y le quitaron la vista a Rufo Chacón, el pasado 1 de julio de 2019, durante una manifestación.
1) CONDENADOS… las Fiscalías 16 y 20 del @MinpublicoVE en Derechos Humanos (Táchira) logran #HOY condenatoria contra: JAVIER USECHE BLANCO y HENRY JOSE RAMIREZ HERNANDEZ quienes dispararon sus escopetas y le quitaron la vista al adolescente RUFFO CHACÓN pic.twitter.com/uxrGeOzEbO
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) October 4, 2021
Durante la manifestación, los funcionarios le dispararon 52 perdigones en la cara al joven, quien para ese momento tenía 16 años, hecho que lo dejó ciego.
“El ministerio público bajo nuestro gestión garantiza plena justicia en la defensa de los derechos humanos”, puntualizó el fiscal en su cuenta de Twitter.
Ramírez se desempeñaba como Director de la Brigada de Orden Público del estado Táchira y Blanco era comisionado.
Los funcionarios fueron detenidos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y posteriormente transferidos, en custodia; a la policía del estado Táchira, cuerpo de seguridad al cual han prestado servicio por más de 15 años.
MP en pro de los derechos humanos
En días pasados, se conoció que una fiscal absolvió al sargento de la aviación Arli Méndez Terán, quien es el presunto responsable de la muerte de David Vallenilla en las guarimbas de 2017.
Ante este hecho, el MP apeló la decisión de la fiscal y un Tribunal anuló la decisión y mantuvo la privada de libertad al sargento; quien está acusado por los delitos de homicidio calificado perpetrado con alevosía y por motivos fútiles, así como el uso indebido de arma orgánica.
