Un joven con discapacidad por atrofia muscular en el brazo derecho, identificado como Víctor Andrés Ortega Burbano, se encuentra entre el grupo de los 17 venezolanos acusados, sin pruebas, por EE.UU., de pertenecer a la extinta banda criminal Tren de Aragua.
El pasado domingo, las autoridades enviaron a estos ciudadanos al Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot), en El Salvador, la megacárcel de máxima seguridad administrada por Nayib Bukele.
En una serie de videos difundidos por la periodista Madeleine García, se observa a Ortega Burbano, de 24 años, quien ejercía labores de albañilería y hacía arreglos de viviendas en EE.UU. García, al expresar su inquietud, señaló en redes sociales: “No es un terrorista peligroso”.
En este sentido, su mensaje pone de relieve la situación de vulnerabilidad que enfrenta Víctor y otros venezolanos en condiciones similares, mientras luchan por mantenerse a salvo en medio de la crisis migratoria.
García también destacó que Ortega Burbano contaba con Estatus de Protección Temporal (TPS), lo que le daba permiso de estar legalmente en EE.UU., autorización para trabajar y un número de seguro social. Adicionalmente, no presenta antecedentes penales en Venezuela, lo que refuerza aún más la injusticia de su situación. La periodista enfatizó que, “solo por el hecho de ser venezolano y tener un tatuaje, lo llevaron a El Salvador”.
Injusticia Migratoria
La llegada de estos 17 venezolanos se produjo en un contexto complejo. El domingo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció a través de sus redes sociales la transferencia de estos ciudadanos a la cárcel de máxima seguridad. Esta megacárcel alberga a delincuentes de alta peligrosidad, lo que genera un ambiente de temor e incertidumbre entre las comunidades de migrantes.
Pese a la prohibición emitida por un juez federal, el presidente de EE.UU., Donald Trump, continúa con la deportación de venezolanos. Esta acción ocurre sin el debido proceso, y muchos consideran que representa una violación a los derechos humanos de miles de migrantes que buscan refugio y oportunidades en un nuevo país.
La situación de Víctor Andrés Ortega Burbano y otros venezolanos deportados exige una revisión urgente de las políticas de inmigración en EE.UU. y El Salvador. La comunidad internacional debe actuar para garantizar la protección de los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su nacionalidad, estatus legal o características personales. La lucha por la justicia y la dignidad humana debe prevalecer en momentos de crisis.
