Informe sobre derechos humanos en Venezuela: ¿ONU pide injerencia?

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Gobierno de Venezuela desconoce y rechaza el contenido, conclusiones y recomendaciones del informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, derivado de la Resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos de ONU. Así lo manifestó este miércoles el representante permanente de Venezuela ante Naciones Unidas-Ginebra, Jorge Valero, en la 44° sesión ordinaria de esa instancia en Ginebra, Suiza.

Valero reiteró que "en ningún momento se ha brindado consentimiento o insumos para su elaboración" y es visto como una imposición a un Estado soberano, según nota de prensa de Cancillería venezolana.

Resolución contra el multilateralismo

Y es que la citada Resolución establece la creación de una misión internacional para evaluar la situación de derechos humanos en Venezuela. "Fue adoptada por un reducido grupo de países miembros de este Consejo, que mantienen abultados expedientes de graves violaciones de los derechos humanos", cuestionó el embajador Valero.

El diplomático venezolano argumentó que la práctica de imponer resoluciones atenta contra los pilares fundamentales del multilateralismo y del funcionamiento mismo del Consejo de Derechos Humanos, consagrados en la Carta de Naciones Unidas y resoluciones pertinentes de la Asamblea General.

Venezuela además consideró que la Resolución 42/25 no tiene ninguna justificación, e implica una clara duplicidad de esfuerzos y recursos con relación a los mandatos contenidos en la Resolución 42/4 del Consejo. Esta está referida al Fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de DDHH en Venezuela.

El embajador Valero recordó que Venezuela enfrenta actualmente una agresión multiforme liderada por el Gobierno de Estados Unidos. Reiteró el compromiso de su país con la promoción y protección de los derechos humanos y la cooperación con las instancias de la ONU en este asunto.

Comunicado

Más tarde, el canciller de la República, Jorge Arreaza, tuiteó un comunicado que reitera la postura gubernamental sobre este informe en relación con el funcionamiento del sistema de justicia venezolano y la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco. Se lee en ese texto oficial que es un "tendencioso informe elaborado a partir de una cuestionada resolución. Es muestra palpable del doble rasero, la manipulación y el vergonzoso uso político de los mecanismos internacionales de parte de un reducido grupo de países con graves expedientes de violación de derechos humanos y posiciones políticas manifiestamente hostiles hacia Venezuela".

"No tiene el Consejo de Derechos Humanos, como tampoco ningún actor internacional, facultad legal ni mandato alguno para pretender evaluar el funcionamiento constitucional de los poderes públicos y el desarrollo de los sectores económicos de Venezuela", agrega.

 

(Con información del equipo de prensa del Ministerio para Relaciones Exteriores de Venezuela)

 


 

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