El 2020 ha sido un año especialmente sangriento para Colombia. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) presentó un informe en el que revela la dramática estadística de 65 masacres en 9 meses en ese país.
El estudio también precisa que el saldo de todos estos crímenes es de al menos unas 260 víctimas; algo así como un muerto por cada día que va de este año. Un literal baño de sangre que ensancha la franja roja de la bandera.
Adicional a este panorama dramático, los números de las masacres en Colombia describen otro síntoma más grave, y es que el 2020 es el doble de sangriento que el año pasado.
En 2019 hubo 35 masacres, y en 9 meses de este ya van al menos 65. El año pasado se contaron unas 113 víctimas, y en lo que va de este ya son 260.
También concluye el informe que el 2020 es el peor año de la “era de paz” que empezó en 2016, cuando se firmó el acuerdo de desmovilización con las FARC.
La paz es una quimera
Colombia, en vez de vivir la paz, se ha afincado en una espiral de violencia y crimen que han convertido el anhelo de la tranquilidad en un sueño frustrado.
Otro dato desalentador de este año 2020 signado por la pandemia en Colombia es que el gobierno de Duque parece dispuesto a poco para revertir esta situación, empeñando sus esfuerzos institucionales para evadir la responsabilidad del Estado despachando las masacres como pugnas entre criminales, que en sus disputas territoriales cometen “homicidios colectivos”.
Indepaz precisó en su informe la definición que bien describe que la realidad en Colombia es de masacres duras y puras al recordar que éstas se entienden como “el homicidio intencional y simultáneo de varias personas (3 o más personas) protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y en estado de indefensión, en iguales circunstancias de tiempo, modo y lugar”.
Otros problemas
Y como si no faltaran problemas en el vecino país se han expuesto más las escenas de violencia policial en contra de los ciudadanos, una situación que el máximo tribunal del país reiteró en un fallo este mes en donde reconoce que lamentablemente la fuerza pública del país no puede restablecer el orden sin vulnerar los derechos fundamentales de las personas.
