Hasta 900 reos: Parlamento de El Salvador aprobó juicios colectivos

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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un decreto transitorio que permitirá juicios colectivos a los “terroristas” capturados bajo el régimen de excepción, impuesto por el Gobierno desde marzo de 2022. Con esta nueva disposición grupos de hasta unos 900 reos serán sometidos en un mismo proceso penal.

Según los parlamentarios esta medida permitirá a los jueces dictar sentencias de forma más rápida, por pertenecer muchos de ellos a una misma estructura criminal.

En este sentido, el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, aseguró: “No hay nada parecido en la historia del mundo de lo que estamos enfrentando nosotros ahora mismo. Son más de 900 imputaciones por ‘clica’ (célula) lo que presenta este decreto transitorio”.

Por su parte, el vicepresidente del Parlamento, Guillermo Gallegos, aseguró que esta medida tiene como objetivo fortalecer el trabajo de la Fiscalía General de El Salvador y la Policía Nacional Civil. “Las reformas surgen de la necesidad de enjuiciar a los terroristas capturados”.

Además, explicó que: “Con esta disposición la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas individuales en contra de los pandilleros en un proceso judicial penal; lo que facilitará a la Fiscalía y a los tribunales el juzgamiento de los delincuentes”.

Mientras que, el diputado Salvador Chacón, señaló que las reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado le da las herramientas necesarias a la Fiscalía General para realizar procesos judiciales más expeditos

Además, agregó que la Fiscalía podrá “utilizar en un proceso judicial los mismos elementos de prueba en contra de un grupo de pandilleros; cuando éstos pertenezcan a una misma célula, operen en una misma zona geográfica o hayan participado en un mismo hecho delictivo”.

Cabe destacar que con 67 votos a favor de 84 en total, los legisladores aprobaron la “disposición transitoria”. La norma, que nació de una iniciativa del presidente Nayib Buleke, también establece que las personas detenidas pueden permanecer presas hasta 24 meses antes de que la Fiscalía las lleve a juicio u ordene su liberación.

Preocupación 

Tras el anunció tanto los parlamentarios opositores como las organizaciones de derechos humanos manifestaron su preocupación por dicha medida; pues consideran que los juicios colectivos van en contra de los derechos de las personas detenidas.

Por ello, el diputado opositor Jaime Guevara, criticó la nueva norma al considerar que “solo busca resolver el colapso que tiene el sistema judicial por las miles de capturas durante el régimen de excepción”. Que ya suman casi 72 mil presos.

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