La Asamblea Nacional en desacato aprobó la contratación de dos firmas en Estados Unidos que se encargarían de robar los fondos del Estado venezolano que se encuentran bloqueados en el exterior, siendo el opositor Juan Guaidó el líder de la acción delictiva y terrorista junto con el imperio norteamericano y sus países lacayos.
Durante una reunión virtual celebrada el pasado 9 de junio, el pseudo Parlamento informó que las compañías estadounidenses BRV Disbursement Co. LLC y BRV Administrator Co. LLC. comenzarán a ejecutar los recursos robados por Guaidó y que están bajo la fachada del llamado “Fondo de Liberación Nacional”, cuya legalidad es nula.
“Estas empresas fueron elegidas en un proceso en el que inicialmente se contactaron a las cinco mejores firmas de contaduría y administración a nivel mundial. Sin embargo, las mismas manifestaron no estar dispuestas a involucrarse en esta labor. Ante ello, nos recomendaron empresas aliadas, que contaban con su aval, y fueron validadas por el Departamento del Tesoro de EE.UU.“, señala la nota de prensa de los ficticios diputados opositores.
Según el “contrato”, las compañías recibirán 1,25 millones de dólares, por actuar bajo el concepto de “agencia de servicios financieros”.
Por otra parte, mediante una carta pública, un grupo de la oposición venezolana le hizo un llamado de atención a los integrantes de la actual pseudo Asamblea Nacional y a Juan Guaidó.
Entre los firmantes que le exigieron transparencia a Guaidó figuran: María Corina Machado, Antonio Ledezma, Diego Arria, Humberto Calderón Berti, entre otros.
“… nos vemos obligados a hacerle un (…) severo llamado de atención al gobierno colegiado interino, a fin de que respete y acate con celo las exigencias de la transparencia, ineludibles en los actores democráticos quienes están obligados a rendir cuenta pública de sus actividades, en lo particular quienes dirigen e integran el Centro de Gobierno de cuyos procederes a nadie informa”, apunta la carta.
En la misiva “reclaman de actores prudentes y ajenos a la práctica del utilitarismo partidario o personal” y agregan que “la actividad pública y política no es asunto privado o personal de quienes la asumen creyéndose predestinados o necesarios, menos de quienes la administran como una ganancia que les ha dispensado el azar”.
