En la vida del expresidente peruano, Alberto Fujimori, sobran los crímenes para seguirlo juzgando 21 años después de que dejó de gobernar. La justicia de su país lo procesa ahora por la política monstruosa de la esterilización forzada de mujeres pobres e indígenas.
Unas 1.307 mujeres fueron afectadas por este procedimiento que se hizo en contra de la voluntad de cada una de ellas. De acuerdo a la parte acusadora, 5 mujeres fallecieron y muchas más quedaron con lesiones permanentes a causa de las operaciones hechas en condiciones insalubres.
Las esterilizaciones fueron una soterrada maniobra de limpieza social y étnica. Una “solución final” para terminar con la pobreza acabando materialmente con los pobres.
Según uno de los magistrados que llevan la causa contra Fujimori, “El estado había manifestado su intención de esterilizar a todos los pobres, porque no hay agraviadas de otros sectores sociales”.
La acusación contra el expresidente “delitos contra el cuerpo, la vida y la salud en las modalidades de muerte y lesiones graves”.
Además de esterilizar a las mujeres en contra de su voluntad y causarle daños físicos y emocionales, esto derivó en otros problemas: “fueron excluidas y maltratadas por sus comunidades por someterse a métodos anticonceptivos”.
Política de Estado
La sevicia de esta operación estatal fue de tal grado que una de las víctimas en su momento huyó de un hospital en Cusco cuando se enteró que la ligarían.
Se trata de Florencia Huayllas, quien luego fue hallada, amarrada y operada.
Este crimen de esterilización forzada no es una novedad en el Perú. Desde que Fujimori era presidente se venía denunciando, pero se desestimó. Fue hasta ahora, 21 años después que dejó la presidencia que la causa le persigue.
La maniobra estatal revela la determinación política de un estadista neoliberal dispuesto a terminar con la pobreza prácticamente “desde la raíz”.
