El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela (Fedeindustria), Orlando Camacho, manifestó que las sanciones impuestas contra Venezuela impiden el aumento del salario mínimo en el sector público.
Durante una entrevista, Camacho afirmó que la responsabilidad plena del ajuste salarial depende de la liberación de las sanciones.
Al respecto, precisó que el tema del salario mínimo fue abordado en las reuniones sostenidas con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en las cuales también se analizó la problemática de la inflación y de la depreciación del bolívar ante la baja de los ingresos petroleros.
“Este año ha mejorado un poco los ingresos porque han relajado un poco las sanciones a PDVSA”, aseveró el presidente de Fedeindustria.
Asimismo, ratificó que las sanciones no existieran hoy estuviésemos produciendo más con reposición de equipos y a su vez un salario totalmente distinto.
“Hoy circunstancialmente el salario mínimo del sector privado que produce es mayor que el salario mínimo del sector público dedicado a áreas que no tienen que ver con la producción; eso es complejo porque no puede haber trabajadores de primera y de segunda”, puntualizó.
El presidente de la Fedeindustria @orlandocamachof afirmó que las sanciones impuestas a Venezuela son un freno para el aumento del salario mínimo en el sector público.
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— Fedeindustria (@fedeindustria) October 4, 2022
El también primer vicepresidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional indicó que las reuniones entre el sector público como privado, empresarios y trabajadores; están abocadas a buscar soluciones para mejorar la economía, atraer divisas, resolver los temas internos y lograr superar los obstáculos que generan las sanciones.
Por otra parte, hizo referencia a las relaciones comerciales entre Venezuela y Colombia tras la reapertura de la frontera; ante lo que señaló que no se ha podido normalizar por las sanciones.
“Cada vez que un empresario colombiano o venezolano tiene que preguntarle a la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC); y ya eso le coloca un costo al producto y un temor a los empresarios y al final esto lo paga el consumidor”, explicó.
A esto también se suma el tema de los vuelos comerciales, que no se han podido restablecer por las sanciones de la OFAC. Uno de los casos es con Conviasa que está sancionada por Estados Unidos.
