Un documento reveló que que la Exxon Mobil realizó pagos por honorarios a los abogados de Guyana en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
La carta fue publicada por la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, a través de su cuenta de X, en la cual condenó que «la mayor tajada de los recursos que roban, en un mar pendiente por delimitar, va directo a las arcas de la transnacional».
Nadie duda que la Exxon Mobil, dueña del gobierno de Guyana, pagó los abogados guyaneses en la Corte Internacional de Justicia. Por eso la mayor tajada de los recursos que roban, en un mar pendiente por delimitar, va directo a las arcas de la trasnacional. A partir de mañana… https://t.co/OrfAYhjMgS
— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) November 25, 2023
La carta señala que la Exxon Mobil y el Gobierno de Guyana llegaron a un acuerdo tres meses antes que el exsecretario General de la ONU, Ban Ki-moon, notificara la definición y extensión, por un año, del mandato reforzado de Mediación con Buenos Oficios.
De esta manera se demuestra que la Exxon Mobil y Guyana sabían la decisión que iba a tomar Ban Ki-moon en diciembre de 2016.
Por esto, para septiembre de 2016 la transnacional y el Gobierno de Guyana ya tenían pactado el pago para los abogados, quienes los representarían ante la CIJ.
Ante esta revelación, Rodríguez anunció que en las próximas horas enviará un mensaje en su idioma a todos los guyaneses, informándole toda la verdad que «la Exxon Mobil y el Comando Sur no quieren que sepan».
Este documento demuestra lo denunciado en reiteradas oportunidades por el Gobierno nacional, que la transnacional junto al Gobierno de Estados Unidos hacen lobby para apropiarse del Esequibo y los recursos venezolanos.
Incluso, semanas atrás se conoció que el ministro de Recursos Naturales, Raphael Trotman, reveló que “el Gobierno de su país aceptó fondos del gigante petrolero estadounidense Exxon Mobil para ayudar a proteger la soberanía territorial del país”.
Trotman aseguró que la alta suma de dinero otorgada por la Exxon Mobil, está destinada al pago de honorarios “legales y asociados” en caso de que el secretario general de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) remita el caso a la CIJ para su decisión final.
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