Adrián León Rengel, uno de los más de 250 migrantes venezolanos secuestrados por Estados Unidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, presentó este jueves una demanda civil contra el Gobierno norteamericano. Rengel alega que las autoridades lo detuvieron y expulsaron sin el debido proceso legal, sufriendo un trato inhumano durante su reclusión. Esta acción marca un hito significativo, ya que es la primera de su tipo interpuesta por un venezolano deportado a El Salvador.
Rengel, quien recuperó su libertad la semana pasada y regresó a Venezuela tras más de 4 meses en el CECOT, denuncia haber sufrido abuso “físico, verbal y psicológico”. En consecuencia, exige 1.3 millones de dólares como retribución por los daños sufridos, según informa la agencia EFE. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) respalda esta demanda, brindando apoyo crucial a Rengel en su búsqueda de justicia.
El documento legal detalla cómo los funcionarios federales engañaron a Rengel. Le aseguraron que lo enviarían directamente a Venezuela, su país de origen. No obstante, lo trasladaron a El Salvador, un lugar con el que no tiene vínculos personales. Allí, soportó más de 4 meses de abusos. Rengel, un barbero de 27 años que residía en Irving, Texas, fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el estacionamiento de su propio apartamento.
Es importante señalar que Rengel ingresó a EE.UU. a través de la aplicación CBP One, un programa promovido por la administración de Joe Biden para que los migrantes se presentaran en la frontera sur. Asimismo, había solicitado un Estatus de Protección Temporal (TPS). A pesar de esto, las autoridades lo etiquetaron como miembro de la extinta pandilla venezolana Tren de Aragua y lo enviaron a El Salvador. Utilizaron para ello la Ley de Enemigos Extranjeros, una medida que el presidente Donald Trump invocó como estrategia para expulsar a los venezolanos.
Dentro del CECOT, Rengel experimentó condiciones “inhumanas y deplorables”, según la denuncia. Fue recluido junto a 18 o 19 detenidos venezolanos más en una celda de apenas 3 por 3 metros. La mayoría de los días, permanecían allí las 24 horas, con mínimas o nulas oportunidades de salir. Además, los guardias de seguridad de la prisión lo golpearon “en su pecho y su estómago” con puños y bastones. En una ocasión, incluso lo llevaron a una zona de la prisión sin cámaras, donde lo “agredieron brutalmente”, añade la denuncia.
Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC, enfatiza que la historia de Rengel constituye un “llamado de atención para todos los estadounidenses que creen en la promesa de la Constitución y el estado de derecho”. Proaño declaró en un comunicado que “el caso del señor Rengel es una parodia de la justicia que merece la atención nacional”.
Mientras tanto, Washington y Caracas acordaron repatriar a los más de 252 venezolanos. A cambio, Venezuela excarceló a 10 ciudadanos y residentes permanentes estadounidenses, quienes habían sido juzgados en el país por diversos delitos. La mayoría de los migrantes venezolanos no poseían antecedentes penales, y sin embargo, permanecieron meses incomunicados.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos calificaron estos hechos como “desapariciones forzadas”. Finalmente, el Gobierno de Donald Trump había llegado a un acuerdo con Nayib Bukele para pagar alrededor de 6 millones de dólares mensuales por la detención de estos migrantes. La demanda civil de Rengel representa un paso crucial para visibilizar y buscar reparación por estas graves violaciones a los derechos humanos.
