El presidente Nicolás Maduro responsabilizó una vez más al mandatario colombiano Iván Duque por las acciones terroristas que han provenido desde la nación neogranadina en contra de Venezuela, incluyendo el intento de incursión marítima frustrada en costas venezolanas el pasado domingo.
Por su parte aseveró que el mundo ya “ha conocido las circunstancias de esta incursión, ya es público, notorio y comunicacional sobre las conversaciones en que se preparó esta invasión, esta incursión mercenaria preparada en el territorio de Colombia, con el apoyo del ejército de Colombia y del presidente, Iván Duque”.
Tras resultados de investigaciones, Maduro aseguró que el gobierno colombiano respaldó a los mercenarios en su entrenamiento, pues estuvieron al tanto de cada uno de los movimientos criminales que se planificaban desde su territorio.
El jefe de Estado denunció específicamente este sábado que “Autoridades civiles, militares, de inteligencia y policiales de Riohacha, Barraquilla y la Alta Guajira colombiana (zonas de entrenamiento y hospedaje de los mercenarios) –estaban en conocimiento de- las órdenes que le impartieron desde Bogotá”.
Desde el Palacio de Miraflores, exhortó a los organismos judiciales de Colombia a investigar los vínculos de Duque con estos actos de violación flagrante a la soberanía e intento de golpe de Estado en Venezuela, que violan notablemente el derecho internacional.
Demanda internacional contra Duque
“No tengo ninguna duda de la responsabilidad de Iván Duque, su responsabilidad penal, política y la necesidad de acusarlo ante la Corte Penal Internacional como complemento a la acusación que estamos haciendo contra sus amos del norte –Estados Unidos-”, sentenció Maduro.
En ese contexto, el canciller Jorge Arreaza añadió además que se está preparando un documento actualizado sobre los hechos presentados y “serán elevados –los documentos- al Consejo de Seguridad” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.
Al respecto, explicó que Venezuela presentará como evidencia, en los próximos días, ante la ONU y la Corte Penal Internacional (CPI), el contrato firmado entre la empresa estadounidense Silvercorp y el ultraderechista Juan Guaidó para derrocar al Gobierno Nacional.
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