El 27 de octubre del año 2015, el entonces Superintendente Nacional para los Derechos Socioeconómicos, Cesar Ferrer, emitió la Providencia Administrativa 070 mediante la cual, se regulan las modalidades para la determinación, fijación y marcaje de precios en todo el territorio nacional. Esta medida generó profundas distorsiones en la formación del precio. Cada actor económico a lo largo del proceso de producción, distribución y consumo modificó sus porcentajes de ganancia hasta el máximo permitido (30% en cada eslabón del proceso). Ello generó una lógica especulativa que se encubría legalmente en la referida normativa. Ello fue capitalizado por los grandes capitales nacionales, que inmediatamente fragmentaron los procesos en aras de obtener mayor ganancia.
Hoy día, después de cinco años, los elementos empíricos permiten constatar que no es viable meter a todos los componentes de la cadena productiva en un mismo saco. La producción de bienes y servicios debería contar con mayores incentivos en aras de fortalecer y promover su desarrollo. Y es que establecer un tope de ganancia homogéneo para todos los actores, genera desestímulo en la producción. La distribución y el comercio son importantes para que se cumpla el ciclo, sin embargo, ninguno agrega valor, razón por la cual, cualquier política coherente no debe perder de vista el carácter estratégico que recae sobre la producción nacional.
La actual titular del ministerio para comercio nacional, Eneida Laya, ha venido instrumentando mesas de trabajo con los diversos actores económicos, con el objetivo de corregir las consecuencias negativas que ocasionó la nombrada providencia, porque de alguna forma legitimó los antivalores y la carencia de ética de los agentes económicos en un escenario signado por profundos desequilibrios macroeconómicos, donde el tipo de cambio -manipulado y distorsionado adrede para implosionar la economía venezolana- entre otros escenarios, han generado condiciones sociopolíticas complejas a modo de caldo de cultivo para derrocar al Gobierno legítimamente constituido.
En este tiempo se enfrenta el reto de sincerar y establecer un mecanismo sano y equilibrado de formación del precios, en un contexto en el cual las acciones y ataques tienen el firme propósito de asfixiar al Ejecutivo Nacional, torcer su brazo y tirarle a la lona: un escenario de bloqueo económico internacional, hostilidades políticas y diplomáticas, conspiraciones y ataques externos para procurar apoyo popular en acciones golpistas, entre otros aspectos que se ven potenciados en sus consecuencias, dados los efectos que produce un escenario pandémico y de temor mundial por la permanencia de la vida humana en el planeta.
No obstante, la política de concertación de precios en sí misma no es garantía de éxito, especialmente, si se considera que el principal responsable de la estabilidad del precio no es el ministerio de comercio, además de las múltiples distorsiones que en el ámbito económico ha de enfrentar para acometer la delicada -pero no imposible- tarea de sincerar y estabilizar precios.
Esta misión amerita la coordinación permanente de un conjunto de instituciones con competencias directas e indirectas. Obligatoriamente debe estar circunscrita a una estrategia integral de política económica que ataque de forma conjunta los problemas de nuestra economía, tales como: inflación, estabilidad cambiaria, poder adquisitivo, incremento de la producción, déficit fiscal, balanza comercial, producción de petróleo e industrialización de las fuerzas productivas. Problemas estos que se exacerban significativamente con el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, aunado a los efectos negativos de la pandemia mundial de covid-19.
Elio Córdova Zerpa
