La República de Colombia, una nación fracturada por décadas de guerra social, no deja de sorprender a la opinión pública internacional por la inmoralidad de una dirigencia política empantanada hasta el cuello con un nuevo escándalo y diversos crímenes de paramilitarismo y narcotráfico.
Con cada nuevo episodio de esta tragedia, queda en pañales cualquier novela policíaca, por buena que pueda ser. Todavía no asimilamos cómo, a comienzos de 2020, el comandante nacional del Ejército neogranadino, General Eduardo Zapateiro, se lamentaba públicamente por “la partida de Popeye”, alias en los bajos fondos de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, lugarteniente del capo Pablo Escobar y, quien en vida cometiera más de 3 mil espantosos crímenes, cuando ahora la propia Vicepresidenta ejecutiva de esa nación, Marta Lucía Ramírez del Rincón, aparece involucrada en un nuevo escándalo vinculado al narcotráfico.
Definitivamente el uribismo, corriente política que concentra a la derecha ultra radical de ese país, hace pocos esfuerzos por desmarcarse de un flagelo que se ha cobrado la vida de millones de colombianos y otros miles de millones alrededor del mundo. Tras mantenerlo oculto por más de 20 años, la alta funcionaria se vio forzada a admitir mediante un comunicado público que su hermano, Bernardo Ramírez Blanco, fue acusado y condenado de conspiración por tráfico de estupefacientes en el año 1997, al estar involucrado en una operación de tráfico de heroína desde Aruba hasta Miami.
Como es obvio, nadie puede asumir directamente las consecuencias de los actos de un familiar por cercano que este sea, ya que las responsabilidades personales son intransferibles, lo que sí compromete a Ramírez del Rincón es que no notificó con suficiente antelación a las autoridades competentes, hecho que políticamente podría inhabilitarla, de acuerdo con las denuncias efectuadas por el congresista opositor, senador Gustavo Bolívar.
Ramírez del Rincón, actualmente vicepresidenta Ejecutiva del mandatario colombiano, Iván Duque, fue ministra de la Defensa del expresidente, Álvaro Uribe Vélez e igualmente formó parte del tren ministerial del también expresidente, Andrés Pastrana. A lo largo de su carrera política siempre se quiso proyectar como una funcionaria indoblegable contra el tráfico de estupefacientes. Y ahora este escándalo, que se hizo público en Colombia hace ya algunas semanas, sin duda la desacredita moralmente.
Colombia es uno de los principales aliados de Estados Unidos en la “guerra” contra el narcotráfico. Esa es la razón mediante la cual justifican el despliegue de seis bases militares norteamericanas en su territorio (Larandia, Tres Esquinas, Arauca, Puerto Leguizamo, Leticia y Florencia). Sin embargo la fuerte presencia militar estadounidense para nada ha impedido que crezca anualmente la extensión de hectáreas cultivadas de coca.
Nadie escoge a sus familiares ni tampoco puede asumir las culpas de otros. La vicepresidenta de Colombia @mluciaramirez actuó como correspondería a una hermana. Lo lamentable es que el país se haya enterado de esta manera. (HILO) pic.twitter.com/vpPIHzWqpg
— Patricia Janiot (@patriciajaniot) June 12, 2020
Ardid de élites
Por otro lado, expertos como el catedrático norteamericano, Noam Chomsky, han denunciado reiteradamente que la llamada guerra contra el narcotráfico no pasa de ser un ardid de las élites de la Casa Blanca, para controlar una industria que mueve miles de millones de dólares en la llamada economía subterránea.
Chomsky al igual que muchos otros investigadores y científicos sociales sostienen que sería mucho más efectivo y barato, centrar los esfuerzos en las áreas de prevención y tratamiento, en lugar de invertir sumas enormes en la logística y arsenal armamentístico de la represión.
