El pasado domingo 7 de junio, se conoció a través del medio estadounidense The New York Times que un grupo de investigadores independientes, tras un minucioso examen de la elección boliviana del pasado 20 de mayo, concluyó que el informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA), según el cual hubo fraude en el último proceso comicial, «es defectuoso y tiene serias deficiencias porque usó un método estadístico inadecuado».
En un reportaje publicado por el mencionado medio e intitulado ‘Una elección amarga. Acusaciones de fraude. Y, ahora, una reconsideración’, se lee: «examinamos detenidamente la evidencia estadística de la OEA y hallamos problemas con sus métodos», aseguró Francisco Rodríguez, uno de los investigadores del equipo, economista y profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Tulane.
«El informe resultante de 100 páginas, publicado en diciembre, contiene la evidencia de errores, irregularidades y una serie de operaciones maliciosas destinadas a alterar los resultados. Estos incluyen servidores ocultos de datos, comprobantes de votación manipulados y firmas falsificadas, que según la organización imposibilitaron validar los resultados de las elecciones», se lee en el referido artículo.
Además de Rodríguez, también estuvieron en la investigación Dorothy Kronick, experta en política latinoamericana en la Universidad de Pennsylvania, y Nicolás Idrobo, estudiante de doctorado en la misma casa de estudios.
Lo más grave es que el viciado informe del ente regional sirvió de base para que la oposición política cantara fraude y protagonizara disturbios violentos en varias zonas del país. El desenlace se dio el 10 de de noviembre de 2019 con la renuncia forzada del presidente legítimamente electo, Evo Morales Ayma, su posterior refugio como exiliado en México, primero, y Argentina, después. Es decir, el desenlace fue un golpe de Estado. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral postergó las nuevas elecciones de agosto al venidero 6 de septiembre, por la pandemia mundial de covid-19.
No fue sino hasta principios de diciembre, cuando Evo Morales ya había renunciado a la presidencia de Bolivia, que la OEA divulgó la versión final del informe que dio pie a la salida de Evo, en el que el organismo reiteró sus denuncias de «irregularidades» en esas elecciones presidenciales en las que había resultado electo para un cuarto mandato consecutivo.
En ese mismo mes, Evo publicó en su cuenta en Twitter: «Tres informes serios destruyen argumento de los golpistas sobre elecciones en Bolivia y desnudan el fraude de la OEA: 1. Universidad Michigan (Walter Mebane); 2. Centro de Investigación Económica y Política (CEPR) Washington; 3. Más de 100 expertos de prestigiosas universidades».
«Los tres estudios afirman que no hubo fraude y ganamos en la primera vuelta. Además, los 98 expertos piden a la OEA retractarse de su informe y solicitan al Congreso de EE.UU. investigar la auditoría fraudulenta apadrinada por Almagro», aseveró Evo Morales.
Esos estudios contaron con la participación de académicos y especialistas electorales, quienes aluden inexistencia de fraude y, por tanto, alegan que los resultados son legítimos y obedecen a las normativas Constitucionales del país andino. Incluyen la petición a la OEA de que se retracte de su sentencia sobre el proceso eleccionario, y solicite al Congreso de Estados Unidos abrir formalmente una indagación por fraude contra el organismo internacional.
En ese entonces, el investigador de ciencias políticas de la Universidad de Michigan, Walter Mebane, considerado como uno de los principales expertos en fraude electoral del mundo, había expresado en un informe publicado el pasado 14 de noviembre que con los votos nulos, el MAS tenía ventaja superior al 10%.
(Con información de teleSUR)
