La Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE.UU.) debatirá un polémico proyecto de ley promovido por legisladores proisraelíes que aplicaría fuertes penalizaciones a los ciudadanos que se involucren en boicots al régimen de Israel o a sus asentamientos ilícitos.
Si se aprueba, extendería las normativas antiboicot en vigor en Estados Unidos para sancionar a aquellos que se involucren en acciones políticas pacíficas y fundamentadas en valores, en particular a aquellos que se adhieran al movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones.
La iniciativa de ley, respaldada por los partidarios de Israel Mike Lawler y Josh Gottheimer, sugiere sanciones de hasta un millón de dólares en multas o incluso 20 años de cárcel.
La reciente legislación tiene como objetivo sancionar acciones políticas voluntarias, impulsadas por principios personales, que involucren a ciudadanos de Estados Unidos en campañas de presión no agresivas contra Israel, como el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).
Los colectivos de derechos humanos han alertado que la propuesta podría sancionar manifestaciones políticas protegidas por la Constitución.
En su análisis, han indicado que esta acción es una de las más extensas del Gobierno de Estados Unidos para reprimir la resistencia al genocidio, al apartheid y a la expansión ilícita de asentamientos israelíes, con el fin de luchar contra el antisemitismo.
Inicialmente, la ley fue presentada en 2024 y obtuvo el visto bueno de la Cámara, en ese momento bajo el control republicano y con el apoyo bipartidista. No obstante, su progreso se frenó en el Senado a causa de la resistencia demócrata. Actualmente, con los republicanos en el control de ambas cámaras, hay una gran posibilidad de que la ley finalmente sea aprobada.
El proyecto también tiene el apoyo de influyentes representantes del lobby proisraelí en Washington. Los grupos de presión más relevantes del país incluyen el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC), además de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), que ha expresado su respaldo tanto a esta propuesta como a otras campañas legislativas para neutralizar los boicots contra Israel.
La mayoría de las iniciativas de boicot hacia Israel tienen como objetivo presionar al régimen para que concluya una guerra genocida, que ya ha provocado la muerte de más de 52.500 palestinos y ha causado al menos 118.000 heridos, principalmente mujeres y niños en la Franja de Gaza.
Desde hace más de dos meses, el régimen de Israel ha establecido un bloqueo absoluto en el sitio, obstaculizando el ingreso de asistencia humanitaria, incluyendo alimentos. La Clasificación Integrada de las Fases de Seguridad Alimentaria (CIF) de la ONU ha puesto en guardia que los 2,3 millones de residentes de Gaza ya se encuentran en un estado de hambruna extendida.
