El Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó por 6 meses las licencias 😯 y 5Q, las cuales autorizan a cuatro corporaciones petroleras seguir operando en conjunto a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
En un documento de 3 páginas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) prorrogó las licencias hasta el 9 mayo de 2025, ambas relacionadas a transacciones, contratos y acuerdos entre PDVSA y corporaciones de servicios petroleros.
Las empresas beneficiadas por esta extensión son: Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings y Weatherford International, Public Limited Company.
Estas empresas realizan labores de mantenimiento de pozos, provisión de taladros, alquiler de equipos, entre otras actividades relacionadas con la exploración y producción de crudo.
De acuerdo a la OFAC, la licencia 😯 estará vigente hasta el 9 de mayo de 2025 y la 5Q entrará en ejecución a partir del 7 de marzo de 2025.
Con esta prórroga, EE.UU. permite las transacciones necesarias con el fin de concluir las principales operaciones en Venezuela y cumplir con los contratos y acuerdos que garanticen la seguridad del personal y los activos de dichas compañías.
Asimismo, aclara que licencia no implica la perforación, producción, procesamiento, compra, transporte o entrega de petróleo o productos petrolíferos de origen venezolano por parte de estas compañías.
La emisión de esta nueva licencia general 8O, desplaza a la 8N la cual permitía transacciones limitadas hasta el 16 de noviembre de 2024.
¿Qué establecen las licencias?
Licencia 8O: Permite las transacciones y actividades necesarias para la seguridad o la preservación de activos en Venezuela.
Licencia 5Q: Autoriza ciertas transacciones relacionadas con el bono de Petróleos de Venezuela SA 2020 al 8,5%, a partir del 7 de marzo de 2025.
Asimismo, autoriza a sus directivos a participar en reuniones de accionistas y de la junta directiva; «realizar de pagos de facturas de terceros por transacciones y actividades autorizadas por el párrafo (a) de esta licencia general, o incurridas antes del 21 de abril de 2020, siempre que dicha actividad estuviera autorizada en el momento en que ocurrió».
Además, permite el pago de impuestos locales y la contratación de servicios públicos en Venezuela, así como la cancelación de salarios para empleados y contratistas en el país.
