El gobierno de Ecuador, dirigido por Lenín Moreno, aprobó una reforma tributaria como parte del programa pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La norma modifica leyes que ponían trabas a la entrada y salida de capitales especulativos.
Como si fuera poco el daño hecho por el Gobierno de Macri a Argentina y la integridad de la región…¨Parece que el FMI no aprendió de lo que pasó en Argentina. Ahora impulsa medidas similares en Ecuador que van a potenciar la fuga de capitales y un mayor ajuste en su economía¨, dijo la economista estadounidense Lara Merling.
En 2019, como parte de las recetas neoliberales del FMI, no sólo la economía argentina fue afectada sino que Ecuador también se abrió a los créditos de este organismo con el objetivo de ¨reducir el déficit fiscal¨. Cabe destacar que el plan de gobierno que propuso Lenín Moreno para 2019 tuvo muchas similitudes con los propuesto por Macri en Argentina.
El FMI condicionó el desembolso de dinero al gobierno de Moreno siempre y cuando cumpliera con la reducción del gasto público. En Octubre, Ecuador atraviesa masivas protestas por el aumento del combustible decretado por el Jefe de Estado, la resistencia social obligó al primer mandatario a detener la medida económica acordada con el FMI.
Sin embargo, luego de la convulsión social el Ejecutivo envió a la Asamblea ecuatoriana un megaproyecto de Reforma Económica, que igualmente encontró resistencia ante una oposición unificada que rechazó la norma por su carácter regresivo.
Pocos días después, Moreno presentó un nuevo proyecto, esta vez mucho más restringido, donde sólo tomaba la parte tributaria de la anterior ley. Así, en diciembre, bajo presiones del Ejecutivo se aprueba la ley de Simplificación y Progresividad Tributaria.
Merling, quien también es investigadora de la Confederación Sindical Internacional, sostuvo que la medida aprobada por la Asamblea fue hecha para facilitar la especulación financiera ya que hace que ¨los controles de capitales sean ineficientes¨.
No obstante, Moreno justifica la aplicación de la ley tributaria argumentando que espera recaudar cerca de 600 millones de dólares tras su aplicación, y agregó que ¨los sectores que más tienen pagarán más¨.
La normativa establece un impuesto escalonado donde las empresas que facturen a partir de un millón de dólares deberán tributar entre un 0.1 y 0.2 por ciento del total de sus ventas.
Una semana después de aprobada la ley, el Ministro de Finanzas de Ecuador, Richard Martínez indicó que la ley tributaria colabora a reducir el déficit, pero no era suficiente y por eso el gobierno y el FMI redefinieron las metas fijadas para el 2020.
Merling sostiene que el resultado de las negociaciones fue más de lo mismo. ¨Lo que están haciendo es aplicar una versión más lenta del primer plan. Son las mismas condiciones. En el plan original querían un ajuste del 5% del PBI en 3 años y ahora quieren que sea del 4%. Es un plan más largo, pero en general muy parecido al primero¨, sostuvo la economista.
Además, la ley tributaria borra las restricciones a la llegada de fondos especulativos, por un lado eliminó el pago de impuestos a los capitales que salgan hacia paraísos fiscales. ¨Además algunas inversiones tenían que dejar los fondos en el país por lo menos un año. De esta forma se aseguraba que las mismas fueran productivas. Ahora cortaron ese plazo a 6 meses. Y lo sacaron totalmente para las inversiones ligadas a mercados de capitales y valores, así como financieros¨, explicó Merling.
Por su parte, el legislador por Revolución Ciudadana, Juan Lloret expresó que ¨es insostenible el modelo que está llevando el gobierno nacional. Con todas las medidas de ajuste que tomaron, frenaron la actividad económica. No sólo bloquearon fuentes de ingresos del Estado sino que le sacaron la plata del bolsillo a la gente¨.
El asambleísta agregó, ¨el déficit fiscal que tiene el gobierno es inadmisible. Sólo se ejecutó el 40% del gasto en inversión presupuestado para el año pasado. La falta de recursos para el 2020 los va a obligar a echar mano sobre los salarios. Así como están hoy las cuentas, el gobierno sólo tiene para pagar sueldos hasta el octavo mes del año. Las imposiciones del FMI no nos dejan poder decidir por nosotros mismos. Eso es muy grave¨, concluyó Lloret.
