El presidente colombiano Iván Duque dejó en claro que no todos los venezolanos en ese país tendrán acceso a la vacunación contra la covid-19.
En diciembre dijo que no iban a vacunar a los venezolanos indocumentados; y 4 meses después de propaganda interesadamente compasiva y un Estatuto Especial, la posición no ha cambiado.
En entrevista a la emisora Caracol Radio, Duque declaró que: “Ya habilitamos la política de Estatus de Protección Temporal, a quienes ya están regularizados, con permisos temporales, les vamos a extender la regularización por 10 años, ellos tienen garantizada su vacunación”.
Pero agregó el mandatario neogranadino que los migrantes venezolanos informales “tienen el tiempo para ir a registrarse; en la medida en que se vayan registrando y que tengan su registro en el Estatuto de Protección Temporal serán susceptibles de ser vacunados”.
Las sutilezas del lenguaje
En la política las palabras son claves para generar falsas sensaciones y esquivar posibles compromisos. Duque dejó servido que los que falten por formalizarse en el Estatuto de Protección serían susceptibles de ser inmunizados.
Las autoridades neogranadinas aseguran que en su país hay al menos 1.7 millones de venezolanos, y que más de la mitad de todos ellos permanecen de forma irregular; una población “susceptible” que quedará por fuera de la vacunación.
Lo que no dice Duque
Para Bogotá la discriminación en la vacunación es una precaución con la que buscarían evitar un “desastre”. Según Duque, la aplicación del antídoto sin este “tipo de control” provocaría una estampida de venezolanos cruzando la frontera para salvarse de la pandemia.
“Hay un riesgo grande en Venezuela porque no tiene información epidemiológica confiable y es un país que no hace vacunación desde hace mucho tiempo, de ninguna naturaleza” habría agregado el presidente colombiano durante la entrevista.
Lo que oculta Duque es que Colombia es la sospechosa de maquillar sus datos y la de ocultar la dimensión del colapso de sus servicios sanitarios, al mismo tiempo que no menciona que en Venezuela se ha visto afectada la vacunación rutinaria de su población por efecto de los bloqueos y sanciones ilegales que su gobierno apoya.