Desde el 23 de enero de 2019, cuando el diputado Juan Guaidó se autoproclamó en una plaza pública en el municipio Chacao del estado Miranda, inició no sólo un golpe de Estado sino también la conformación de una corporación que ha venido de forma sistemática cometiendo actos criminales y delictivos. Una trama donde se adjudican, con complicidad de Estados Unidos y otras instituciones, recursos y bienes que le pertenecen a la República.
Para el constituyente Jesús Farías el monto global de estas acciones de saqueo asciende a más de 30 mil millones de dólares.
“Han tomado para ellos empresas de todo un país y de gran importancia, como Citgo en Estados Unidos y Monómeros, una de las primeras 50 empresas en suelo colombiano”, esbozó Farías.
En ambos casos los gobernantes de esos países se han prestado a la conspiración y han permitido que juntas administrativas ilegales tomen control de las instalaciones y cuentas, fondos que han sido destinados a la planificación de acciones bélicas contra el pueblo venezolano y para el lucro individual de forma descarada.
Guaidó ha emprendido una campaña para promover sanciones y medidas coercitivas que han bloqueado fondos y han impedido que Venezuela compre productos esenciales para su población y adquiera financiamiento en el exterior, como cualquier nación del mundo. Pero además de esas medidas genocidas amparadas por la Casa Blanca, el ingeniero solo ha sacado provecho económico, acreditándose miles de millones de dólares.
Para Farías la ficción que ha erigido el inexistente gobierno interino solo ha generado robos, conspiraciones, bloqueos, sanciones y dificultades. Incluso en medio de la peor pandemia del último siglo, Guaidó y compañía han recrudecido su ofensiva criminal, incluso con jugadas jurídicas amañadas a través de una ficticia procuraduría que en lugar de defender los intereses nacionales, entrega los bienes y compromete los intereses de la nación a las transnacionales que de forma ambiciosa abren sus agallas para intentar saquear a PDVSA y otras instituciones.
