Pese a las amenazas del Gobierno, miles de argentinos salieron a las calles este miércoles para respaldar el paro nacional contra las medidas económicas y sociales impulsadas por Javier Milei.
Bajo la consigna ¡No al ajuste, al mega DNU y Proyecto de Ley Ómnibus!, los sindicatos y movimientos sociales atendieron el paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Entre los gremios que participaron en la convocatoria están transporte, bancarios, personal de salud y la administración pública. Esto pese a que el Gobierno los amenazó con descontarles el día.
Este paro de 12 horas se convirtió en la mayor muestra de rechazo a las medidas económicas y sociales de Javier Milei. Tales como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la Ley de Bases y Punto de Partida, conocido como “Ley Ómnibus”.
Aunque el Gobierno de Milei asegura que la huelga general es “un gran sinsentido, una complicación y una pérdida de dinero contra muchos argentinos”, el número de asistentes contradice tales declaraciones.
La protesta se extendió en todas las capitales del país, como Corrientes, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Mar del Plata, entre otros puntos. Al igual que en otras naciones del mundo, como Uruguay, Francia y Bélgica.
Con este paro nacional se suman tres movilizaciones contra Milei desde que asumió la Presidencia de Argentina, el pasado 10 de diciembre.
Desde la concentración, el titular del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, exhortó a los legisladores a no votar a favor de la ley ómnibus, ni por el regreso del impuesto a las Ganancias.
“Que no se les ocurra volver a poner el impuesto a las Ganancias, si son tan guapos suban el impuesto a las grandes fortunas, aumenten las retenciones, pero no a los trabajadores”, subrayó el representante sindical.
Asimismo, desde las afueras del Congreso de la nación leyeron un documento conjunto de los gremios sindicales en el expusieron los riesgos de las medidas del mandatario argentino.
En el texto, denuncian que entre los peligros del decretazo destaca el riesgo a “nuestras pequeñas y medianas industrias, atropellan y desconocen garantías constitucionales individuales, derechos colectivos y derechos laborales”.
Además, construyen un aparato represivo y reforma del código penal, que no está al servicio de la seguridad de los ciudadanos, “ni para combatir el delito y el narcotráfico, sino sólo al servicio de reprimir las protestas sociales y las manifestaciones gremiales y políticas”.