Crystallex, empresa minera canadiense, intenta incautar acciones de la empresa venezolana en Estados Unidos, Citgo para cobrar una «deuda» con el Gobierno de Venezuela. Por ello, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó el lunes a dirimir la apelación interpuesta por el «gobierno de fantasía» de Juan Guaidó, sobre un fallo de un tribunal inferior.
El año pasado, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos dictaminó que Crystallex podría confiscar las acciones de Citgo, filial de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, para cobrar una deuda de $1.400 millones de dólares por la expropiación de sus activos, ocurrida durante el mandato del Comandante Hugo Chávez, según señaló Reuters.
La derrota del autoproclamado
El autoproclamado, Juan Guaidó, en 2019 robó Citgo con el aval del régimen de Donald Trump bajo el argumento de supuesta «protección a los activos de la empresa», pues para este sector el gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo. Esa acción ha generado una ola de corrupción a lo interno de CITGO que ha «afectado» directamente al gobierno de fantasía. Ahora se suma una «derrota jurídica» pues, la empresa secuestrada por Guaidó y «sus 100 diputados» debería entregar 50% de los activos a Crystallex.
Para Reuters, Crystallex aún enfrenta obstáculos para apoderarse de los activos de CITGO pues el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sancionó a PDVSA como parte de los esfuerzos del Gobierno de Donald Trump para buscar una salida del poder del mandatario Nicolás Maduro, ha dicho que los demandantes contra Venezuela no pueden hacer cumplir los laudos arbitrales confiscando propiedades sin un permiso específico.
¿Qué pasa con Crystallex?
Crystallex es una empresa canadiense que tuvo contratos con el Estado venezolano, antes y durante la presidencia de Hugo Chávez. Contratos de operaciones sobre“Las Cristi nas”, una de las minas de oro más grandes de nuestro continente, que en ningún caso daba derecho legítimo, ni propiedad a la empresa, sobre la misma.
La decisión soberana de cese operaciones de Crystallex obedeció a la norma constitucional de 1999, que otorga al Estado venezolano la potestad absoluta del resguardo y explotación de los recursos naturales; luego de que entre 2007 y 2009, el ministerio para ambiente, desconociera el plan ambiental presentado por la empresa, por atentar contra la naturaleza y poner en riesgo el bienestar de la poblaciones cercanas.
La demanda
En el año 2007, la empresa Crystallex introduce una demanda contra el Estado Venezolano, exigiendo el pago de una indemnización por más de $1.000 millones, por daños ocasionados a la compañía.
En esa querella, la empresa presenta el alegato del abogado venezolano José Ignacio Hernández, según el cual “Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la República Bolivariana de Venezuela eran la misma entidad jurídica”, para dar pie al tribunal norteamericano a hacerse de los activos de la filial de PDVSA-CITGO, ubicada en su territorio, y así saldar la supuesta deuda del Estado venezolano.
