El pasado 8 de junio, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, declaró que la investigación preliminar que se realiza contra Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad, podría declararse procedente en los próximos días.
Este anuncio despertó las alertas de un nuevo ataque contra las autoridades nacionales; quienes advierten trato discriminatorio y desigual respecto al que reciben otros países, que también se encuentran bajo examen preliminar.
Bensouda, señaló que espera anunciar el curso de la investigación contra el mandatario venezolano, antes de culminar su mandato, el 15 de junio.
¿Qué es la CPI y qué procedimientos están activos en Venezuela?
La CPI, es un tribunal de justicia internacional que, si bien no pertenece a la ONU; su misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad, en cualquier parte del mundo.
Este órgano posee actualmente dos procedimientos activos en la República Bolivariana:
- Venezuela I (2018), que acusa al presidente, Nicolás Maduro, por supuestos crímenes de lesa humanidad y abusos a los derechos humanos.
- Y Venezuela II (2020), que denuncia el esquema de sanciones unilaterales que le ha impuesto EEUU al país caribeño.
Recuento del caso Venezuela I en la CPI
En 2018, seis países -reunidos en el Grupo de Lima más Canadá-, solicitaron a la CPI abrir que una investigación contra el presidente de Venezuela; por presunta violación de los DDHH durante las protestas ocurridas en 2014.
Por primera vez, un grupo de naciones se unen para atacar al mandatario de un país miembro; pues casi la totalidad de las denuncias ante la CPI suelen ser elevadas por ONGs.
El caso se apoya, fundamentalmente, en testimonios recopilados por:
- La abogada Tamara Sujú (embajadora de Juan Guaidó -hasta 2019- ante la República Checa),
- Y de miembros del Foro Penal, ONG dirigida por Alfredo Romero, abogado de Leopoldo López.
Según ellos, de 2014 a 2020, en Venezuela se han producido 18.093 asesinatos vinculados a la fuerza pública, de los cuales “131 muertes estarían relacionadas con protestas” y se habrían presentado “más de 15 mil detenciones arbitrarias” por razones políticas.
De igual manera, determinó que durante 2017 hubo 192 casos de violencia sexual perpetrados por policías y militares.
Actualmente, este caso se encuentra en la última fase de la investigación, por lo que el próximo paso es la declaratoria de nulidad o avance de la denuncia.
¿Por qué Venezuela alega “trato discriminatorio y desigual” de la CPI?
Además de la manera como se introduce la primera denuncia, las autoridades venezolanas, encabezadas por el fiscal general, Tarek William Saab, denuncian que el órgano internacional actúa de manera desigual contra Venezuela.
Ello, debido a que en otros países de la región -como Colombia- se espera respuesta a procesos similares, introducidos desde el 2004.
A esto se suma el hecho de que Venezuela ha dado muestras de seguimiento y encarcelamiento de responsables donde se ha probado uso excesivo de las fuerzas policiales, caso contrario a lo que ocurre en países vecinos.
El mismo mandatario nacional, Nicolás Maduro, en cadena de radio y televisión ordenó:
“La investigación y el castigo a cualquier funcionario que abuse de la fuerza física contra cualquier ciudadano”.
La fiscalía general, al respecto, señala que sólo en los últimos 3 años, imputaron a 716 funcionarios de seguridad del Estado por presuntas vulneraciones a los de DDHH y 40 civiles como presuntos cómplices.
Destaca entre ellos la detención de los responsables de los casos José Pernalete y Acosta Arévalo, ambos mencionados en la denuncia opositora.
Por estos motivos, Saab solicitó “de conformidad con la norma 30 del Reglamento, convoque a una reunión entre las partes a fin de poder debatir sobre un proceso justo e igualitario como Estado objeto de un examen preliminar”.
1) #COMUNICADO Ayer presentamos ante la Fiscalia de la CPI @IntlCrimCourt informe ampliatorio al presentado el 06.05.21 sobre incidencia y utilización de las redes sociales en el caso Venezuela 1: ILUSTRATIVO DE LA MANIPULACIÓN MEDIÁTICA QUE HA CARACTERIZADO AL EXAMEN PRELIMINAR pic.twitter.com/waWbMIoF35
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 10, 2021
Aunque Bensouda afirma que esto no es cierto, en un hilo de la red social Twitter, Saab precisó todos los documentos elevados a la CPI, sin respuesta.
1) #BALANCE… Ministerio Público entregó a CPI @IntlCrimCourt desde 30/Nov/2020 #Diez documentos SIN NINGUNA RESPUESTA: Informe Inicial y 4 #Ampliatorios; Informe Comunicación 1 y 2; Dos Escritos Control judicial a la Sala Preliminar y Escrito asistencia judicial a la Fiscal CPI
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) June 13, 2021
Situación actual de ambos casos
Con el próximo pronunciamiento de la CPI, “Venezuela I” -actualmente en fase 3-, Nicolás Maduro podría convertirse en el primer presidente latinoamericano en ser investigado por dicha corte.
Por su parte, un pronunciamiento favorable para “Venezuela II” sólo implicaría que el caso se mueva de la fase 2 a la 3 en el examen preliminar.
La salida de Argentina del Grupo de Lima y el triunfo de la izquierda en Perú, podrían debilitar la primera denuncia.
Por ello, Bensouda busca apresurar una sentencia que decida, en tiempo récord, sobre ambos casos, antes de entregar el cargo este mes a un ciudadano británico, Karim Khan.
Además de los casos venezolanos, actualmente la CPI examina posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad en Bolivia, Colombia, Guinea, Nigeria, Filipinas y Ucrania.
