Después de todo lo que han hecho y dicho Estados Unidos y Colombia contra Venezuela y los venezolanos, cuesta mucho creer que ahora actúan con buenas intenciones.
Duque, después de exhibir un rancio talante antivenezolano al negarles la vacuna contra la pandemia; aprobó un pretendido estatuto de protección especial para los migrantes provenientes de nuestro país.
Según esta decisión, los venezolanos gozarían de algunas facilidades para trabajar y vivir formalmente en ese país en donde se ha vuelto cada vez más cotidiano que los desprecien con el mote de «venecos».
La xenofobia en contra de los venezolanos se ha arraigado tanto, que la mayoría de los colombianos se oponen al denominado estatuto de protección.
Tradición intolerante
Este impulso políticamente rentable de desviar la atención de los problemas estructurales echándole la culpa a nuestros compatriotas es un comodín tan potente que incluso una presunta progresista como la alcaldesa de Bogotá lo usa para despachar la sevicia de la violencia en la capital como un fenómeno abominable que se adjunta a una nacionalidad.
Claudia López habría dicho sobre el caso de una víctima del hampa en la capital que éste fue perpetrado por delincuentes venezolanos que primero asesinan y después roban.
Desde Caracas denuncian que la estrategia de Duque y su gobierno es el de lavarse la cara. Una especie de despliegue de propaganda con el que ocultan el saldo de sus malas acciones en contra de Venezuela.
El gobierno del presidente Maduro ha denunciado con pruebas el involucramiento de Bogotá en acciones terroristas en contra de Venezuela. El caso más elocuente y reciente fue la Operación Gedeón, y antes el intento de magnicidio con drones.
Ambos operativos se planificaron desde territorio neogranadino y con la complacencia de la administración uribista. Y al mismo tiempo se trataría de una operación acordada entre Estados Unidos y Colombia.
Simulación compasiva
Mientras tanto, el presidente Biden simula una presunta compasión con la aprobación también de un estatuto de protección temporal para migrantes venezolanos. A diferencia del firmado por Colombia, la caridad norteamericana dura menos: tan solo 18 meses.
La consideración estadounidense sería para la de mitigar las complicaciones de los compatriotas migrantes que tuvieron que salir huyendo del país por la crisis económica.
Pero lo que no menciona Biden, es que la complicación de la economía en Venezuela y sus afectaciones en la salud, los alimentos y servicios son consecuencia de las «sanciones de Trump» y la orden ejecutiva de Obama que el firmó por un año más.
Detrás de este cambio de estrategia en Colombia, y la simulada compasión estadounidense se esconde un ajuste en la política antivenezolana. Una repotenciación en la propaganda contra el gobierno del presidente Maduro que consistiría en la instalación de una narrativa permanente de emergencia humanitaria con la que se seguirían justificando las acciones de máxima presión.
