Luego del triunfo electoral del comandante sandinista Daniel Ortega, reelecto en la presidencia de la República de Nicaragua, los grupos de poder de Washington procedió con las primeras acciones de arremetida que había prometido contra el país centroamericano.
En ese sentido, la administración de Joe Biden anunció la aplicación de nuevas medidas coercitivas unilaterales; para castigar el resultado favorable que obtuvo Ortega en las urnas, el pasado domingo 7 de noviembre.
Específicamente, las sanciones impuestas en esta oportunidad van dirigidas al Ministerio Público nicaragüense, institución a la que acusan de ser “responsable o cómplice o por haber participado o intentado participar directa o indirectamente en acciones o políticas que atentan contra los procesos o instituciones democráticos en Nicaragua”.
Asimismo, la maniobra incluye tanto a la titular de ese despacho, la fiscal general, Ana Julia Guido, como a Luis Ángel Montenegro, superintendente de bancos; Salvador Mansell, ministro de Energía; Adrián Chavarría, viceministro del Ministerio del Ministerio Hacienda y Crédito Público; así como Mohammed Lasthar, representante ante países árabes.
Por otra parte, resultaron sancionados los alcaldes Leónidas Nicolás Centeno Rivera, Sadrach Zeledón Rocha, Francisco Ramón Valenzuela Blandón. A estos funcionarios les acusan de estar implicados en “actos de represión”, de acuerdo con la información que divulgaron medios y agencias de noticias.
Castigo contra la democracia
Con todo esto, los voceros del gobierno de la República de Nicaragua, rechazaron los señalamientos emitidos por Washington. Al mismo tiempo, ratifican las denuncias contra los grupos de la extrema derecha en la nación, los cuales insisten en ejercer la ruta del «terrorismo golpista».
Como se recordará, la semana pasada el gobierno de Biden aprobó, a través del Congreso estadounidense, la denominada ley «Renacer»; con el objetivo de materializar las amenazas previas a los comicios generales, con respecto a arreciar las medidas contra el pueblo nicaragüense y la administración de Daniel Ortega.
Diversas organizaciones continentales, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP); han manifestado su respaldo al pueblo de Nicaragua ante los ataques de la Casa Blanca, por considerar que se trata de acciones injerencistas.
