Con un nuevo pronunciamiento los órganos de justicia de la República de Colombia en torno al caso de Alex Saab; órganos administradores de justicia en la República de Colombia desistieron en la investigación a familiares del representante diplomático del gobierno venezolano.
De esta forma lo informó el diario neogranadino El Tiempo, en un artículo en el cual ratificó que específicamente contra Saab, sí se mantienen los cargos y la investigación por supuestos delitos que atribuyen al también empresario detenido de manera irregular por acusación de la administración estadounidense.
La publicación apunta que el estado no siguió en proceso contra Cynthia Certaín, la exesposa de Alex Saab y 2 hermanos. Se trata de Amir Luis Saab Morán y Luis Alberto Saab Morán. En tal sentido expresan que aunque inicialmente fueron considerados por la fiscalía como objeto de las averiguaciones, ahora desistieron de su judicialización.
De igual forma, el periódico expresa que además del propio Saab también hay una condena en Colombia contra el contador de una de las empresas pertenecientes al diplomático. A este ciudadano lo identifican como Devis José Mendoza Lapeira; a quien la fiscalía colombiana señala por supuestas «maniobras financieras ilícitas que representaron pérdidas al Estado y sirvieron para aumentar su patrimonio».
¿Sin pruebas?
Aunque no ofrecieron detalles en el caso de la decisión que tomó la justicia colombiana con respecto a los familiares de Alex Saab, el hecho llama la atención por cuanto existen muchas denuncias acerca de la falta de pruebas para someter al diplomático a cualquier juicio.
El año pasado, el gobierno Suizo, a través de sus entes judiciales, también cerró un proceso de investigación abierto bajo los cargos de blanqueo de capitales contra el empresario colombo-venezolano, ante la ausencia de elementos suficientes para respaldar la acusación.
Sin embargo, la presión por parte de las autoridades de Estados Unidos se mantiene con la detención que el Gobierno Bolivariano califica de «secuestro». Todo esto, tras corroborar violaciones al debido proceso y al derecho internacional.
Con todo esto, toma más fuerza la tesis acerca de la instrumentalización de la justicia para pasar factura; en este caso, al Gobierno Bolivariano de Venezuela. Es por ello que se evidencia la persecución política contra el funcionario acreditado por Venezuela en el cumplimiento de funciones diplomáticas.
