A propósito de reciente denuncia de violación a una niña de 12 años en una localidad del oeste de Colombia, las organizaciones y movimientos sociales de este país visibilizan el lamentable prontuario de un Estado que no responde a las continuas agresiones a los derechos humanos de sus ciudadanos.
Agresiones que van desde el asesinato, la violación de niñas y mujeres, el hostigamiento y el desplazamiento forzado de quienes se atreven a levantar la voz contra el abuso de fuerzas armadas en los territorios.
En lo que va de 2020, la tierra de Santander cuenta con más de 25 ex-guerrilleros firmantes del acuerdo de paz y 140 líderes sociales, asesinados.
El cadáver de uno de ellos permaneció 10 días en del lugar donde cayó sin vida, porque el grupo paramilitar que opera en la zona impedía el levantamiento del cuerpo a sus familiares.
Se trata de Edier Adán Lopera, quien participaba en el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito en su territorio como Coordinador del Comité de Conciliación de la Junta de Acción Comunal, además de ser militante del Movimiento Político Marcha Patriótica.
A estas agresiones se suman las continuas denuncias de abusos sexuales y violaciones.
El evento ocurrido en la comunidad de Embera Chamí, remueve el recuerdo de la denuncia hecha por la “Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas» de Colombia, sobre la violación de al menos 53 menores de edad en manos de soldados y contratistas de EE.UU.
Este caso, aún impune, tuvo el agravante de que las víctimas fueron grabadas y los videos vendidos como material pornográfico.
¿Y los organismos internacionales?
Cuando se habla de hipocresía internacional, Colombia definitivamente lidera el ensordecedor silencio.
Este país es hoy una nación dirigida por una mafia de narco-mandatarios, expuestos y confesos, que hicieron de las drogas el primer producto nacional y del paramilitarismo su ejército.
Son miles las denuncias, registros, películas y hasta series que narran, con pena u orgullo nacional, el vínculo entre los mandatarios y las redes antes mencionadas.
No conforme con esto -o como consecuencia- el poder estatal autorizó la instalación de 7 bases militares estadounidenses en su territorio, con el supuesto objetivo de ayudar a combatir el mercado de la cocaína.
En Colombia -como en Afganistán- desde la llegada de las tropas yanquis sólo ha ocurrido lo contrario. Ambos países hoy puntean como los primeros productores de cocaína y heroína, respectivamente, del mundo. ¿Su principal socio?: el mercado nortemaricano y europeo.
Según datos del Informe Mundial de Drogas 2019, presentado por la ONU, para el 2017 Colombia poseía el 70% de área de cultivo de coca y la producción de cocaína aumentó un 25%.
Por su parte, en Estados Unidos, “unas 72 mil personas murieron a causa de una sobredosis de drogas (…), el número más alto registrado”; y más de 30 millones de personas consumen estupefacientes.
Pero los asesinatos, el narcotráfico, las violaciones y hasta el de servir de teatro de operaciones para una posible invasión a su país vecino, no son del interés de la comunidad internacional.
Para la OEA, el Grupo de Lima y hasta la ONU consideran que, a pesar de lo antes descrito, el problema central de Sur América está en Venezuela, país que, por ahora, es señalado en informes internacionales de servir de tránsito de estupefacientes (no productor o consumidor).
Venezuela, la «amenaza inusual»
Venezuela, la “amenaza inusual y extraordinaria”, no sólo para EE.UU. sino también para su red de organizaciones internacionales, expuso ante la 64° Sesión de la Comisión de Estupefacientes (CND) de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en 2019, lo siguiente:
“En los últimos 10 años se han realizado 72 mil procedimientos y 200 operaciones antidrogas, logrando destruir más de 300 laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína y casi igual cantidad de pistas no controladas para el arribo y despegue de aeronaves; esto último, gracias a nuestro Programa de Defensa del Espacio Aéreo, reconocido por la JIFE en su informe del año 2017”.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza agregó en esta oportunidad que “huyendo de la violencia que generan estas actividades más de 5 millones de colombianos han buscado cobijo en Venezuela y, según cifras de ACNUR, en Colombia se encuentra la mayor concentración de desplazados internos del mundo con más de 7.7 millones de personas”.
Así, los datos y hasta la ciencia ficción siguen gritando al mundo una realidad que, producto del mandato de Estados Unidos, hace cómplice a unos y victimarios a otros.
