A pocas semanas para que se celebren las elecciones presidenciales en la República de Colombia, las fuerzas militares del gobierno de Iván Duque; protagonizaron otro caso de «falsos positivos» con el asesinato de civiles en una operación armada.
De esta manera lo dieron a conocer organizaciones defensoras de derechos humanos y la propia comunidad, tras la masacre en la cual asesinaron a las 4 víctimas, entre ellas un gobernador indígena, en la zona rural de Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo.
Al respecto, Oscar Daza, representante del movimiento que conforman los pueblos originarios de la Amazonía colombiana (Opiac); denunció que «las personas que asesinó el ejército nacional no eran guerrilleros, sino población civil, compañeros indígenas.
Grupos de derechos humanos y pobladores denunciaron el miércoles que un gobernador indígena y tres civiles, incluído un adolescente, murieron en Colombia a manos de militares colombianos y fueron presentados como parte de los falsos positivos, como caídos en combate en una operación realizada cerca de la frontera con Ecuador y Perú.
Eran líderes comunitarios y no disidentes de las FARC, sostienen familiares de las personas muertas en operativo militar en Putumayo. “Exigimos a la Fiscalía que haga una investigación”, reclama el hermano de uno de los fallecidos – https://t.co/W7wNwXpqvG pic.twitter.com/4cgxCvdpUN
— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 31, 2022
Los hechos
En medio de las dudas y denuncias de la comunidad, el gobierno de Duque anunció la ejecución de un despliegue del Ejército colombiano, en el cual mataron a un total de 11 personas, entre las cuales están los 4 ciudadanos que el pueblo reclama como campesinos inocentes.
Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Colombia aseguran que se trata de combatientes de las denominadas «disidencias de las FARC»; en referencia a los 11 asesinados y otros 4 que resultaron con heridas y quedaron a la orden de las autoridades.
Por otra parte, los pobladores exigieron que se abran las investigaciones pertinentes en torno al caso, porque aseveran que es injusta la muerte del gobernador kitcwhwa Pablo Panduro, así como del líder comunitario Divier Hernández junto a su esposa.
Por otra parte, organismos del Estado, entre ellos la Defensoría del Pueblo; informó sobre el ajusticiamiento en el mismo hecho de un joven de 16 años. En este caso, Rodolfo Pama Lozada, padre del adolescente declaró a los medios: «¡Mi hijo no era disidente ni nada de eso!».
