El plan país (PP), presentado en noviembre de 2018 y retomado en febrero de 2019 por el presidente autoproclamado Juan Guaidó, forma parte de la agenda de «gobierno» opositora que surge luego de varios intentos fallidos de unidad, que buscan poner fin al Proyecto Bolivariano del Chavismo; presenta bajo el eslogan “La Venezuela que viene” un conjunto de elementos diagnósticos de la situación país, asociados al “fracaso” del socialismo del XXI; planteando 3 objetivos estratégicos y 6 prioridades a corto plazo del “gobierno de transición democrática”.
Por ello y dado los acontecimientos de los últimos meses, resulta importante decodificar los mensajes para dejar ver las verdaderas disputas del tablero político venezolano.
Objetivos estratégicos del PP o Sálvese quien pueda
- Recuperar al Estado venezolano y ponerlo al servicio de la gente: Plantea la legitimación “políticas comprobadamente eficientes” mediante la construcción de capacidades individuales como incentivo a la competencia y la libertad social.
- Empoderar a los venezolanos a fin de liberar sus fuerzas creativas y productivas: Promueve la consolidación de los mecanismos de libre mercado que garantizan las condiciones judiciales y financieras para el fortalecimiento de la propiedad privada y las libertades económicas que permitan “a la sociedad organizarse de manera autónoma para resolver sus problemas”
- Reinsertar al país en el concierto de naciones libres del mundo: Coloca la “ayuda de la comunidad internacional” en el centro de política y única vía para la atención de los problemas del país.
Prioridades a corto plazo. ¿Qué harán?
- Estabilizar la economía.
- Solicitar financiamiento a los organismos multilaterales (Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, entre otros).
- Proteger la propiedad privada y promover la inversión internacional.
- Privatizar las empresas públicas, con especial atención en el sector servicios públicos.
- Atender la Emergencia Humanitaria Compleja.
- Direccionar la ayuda humanitaria y financiera internacional.
- Privatizar los mecanismos de distribución, como “garantía” de abastecimiento oportuno.
- Eliminar subsidios universales.
- Reactivar nuestra industria petrolera.
- Reformar la ley de hidrocarburos para restringir la rectoría estatal de PDVSA.
- Entregar de la mayoría accionaria de los proyectos petroleros al capital privado.
- Señalar la incapacidad del Estado y su principal industria en las operaciones estratégicas, para justificar concesiones al capital privado.
- Asegurar acceso universal a servicios públicos de calidad.
- Otorgar licitaciones al sector privado para la operación y gestión de activos.
- Disminuir la acción del Estado a la regulación y seguimiento de compromisos contractuales.
- Eliminar gradualmente los subsidios hasta su desaparición total.
- Garantizar la seguridad ciudadana integral.
- Promover doctrinas y políticas de fuerzas de seguridad extranjeras.
- Descentralizar y atomizar los cuerpos de seguridad nacional.
- Generar confianza y seguridad jurídica.
- Estructurar el andamiaje jurídico, empezando por la norma base (Constitución)
- Reducir el tamaño y la capacidad operativa del Estado.
Tras dos meses de profundas tensiones y presiones en el plano político nacional e internacional, este documento viene a colocar en evidencia las diferencias irreconciliables entre la oposición y el gobierno venezolano, no solo porque se plantean dos visiones de país distintas, sino porque la ruta tomada por la oposición para lograr sus objetivos, está minada de maquinaciones.
El plan además de mostrar una postura neoliberal, hace un énfasis particular en el fracaso de la política económica de un gobierno asfixiado por sanciones financieras impulsadas por la propia oposición; Y se insiste en colocar el endeudamiento y la introducción de capitales extranjeros como única tabla de salvación en la “nueva etapa”.
Elementos que demuestran el montaje del escenario de caos total para justificar las acciones del «día después», explican el gran interés de las grandes potencias y sus socios por la situación de Venezuela y señalan a los verdaderos beneficiarios de la guerra económica contra el pueblo.
