Mientras más se acerca el día del plebiscito constitucional en Chile, las dificultades aumentan. Los sectores sociales y progresistas denuncian que la derecha maniobra para amarrar la nueva Constitución desde el comienzo.
Una de estas maquinaciones sería la de dejar al margen a los pueblos indígenas o relegarlos a una representación insignificante.
Hasta este miércoles, los partidos conservadores demoran desde el Senado un acuerdo sobre la representación indígena en la futura convención constituyente.
De acuerdo al parlamentario progresista Alejandro Navarro, la derecha chilena pretende imponer un padrón sólo para indígenas respecto al padrón nacional, lo que vendría con la trampa de condicionar la magnitud de su presencia en la Constituyente a la cantidad de personas habilitadas para votar en ese segmento específico.
Para Juan Carlos Reinado, presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches, estas demoras en vísperas del plebiscito son preocupantes; y exigió que al menos la representación indígena en la Constituyente sea del 12.8%, que es la proporción de la población originaria en ese país.
Mientras tanto para la diputada socialista Emilia Nuyado, la representación indígena en los debates por la nueva carta magna chilena es esencial ya que está convencida que “sin pueblos originarios no puede haber nueva Constitución”.
Mala herencia
Cambiar la Constitución en Chile se ha convertido en una causa popular. Si bien nunca faltaron los problemas en el país austral, y nunca fueron menos los inconformes, no fue sino hasta el año pasado que una y otra condición se juntaron al mismo tiempo.
El 18 de octubre de 2019 el mundo se sorprendió porque miles de chilenos salieron a las calles a exigir un país más justo; revelando en ello que la propaganda del país modelo en Sudamérica era la fachada bonita de la sucursal más salvaje del neoliberalismo.
La constitución chilena es el legado de una tiranía que sigue gobernando al país. La carta magna es la mala herencia del dictador Augusto Pinochet, quien desde la ley mayor hizo constitucional un esquema desigual que privatizó los servicios y limitó el ejercicio de la ciudadanía al dinero.
El General Pinochet gobernó durante 17 años y lo hizo de manera autoritaria. Dio un golpe de estado al presidente Salvador Allende; y se consolidó sobre la persecución y muerte de miles de chilenos, y la proscripción del marxismo.
Pero la constitución chilena no está intacta. Esta ha cambiado sutilmente conforme avanzaron los tiempos. Las primeras reformas se le hicieron en 1989 y en 2005; suprimiendo el carácter legal de una limitación política plural que prohibía ideologías como el comunismo.
Durante el gobierno de Ricardo Lagos en 2005, se terminó con la figura de los senadores designados, los cuales eran elegidos por las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema.
Cambiar y no reformar
La transformación constitucional planteada con el plebiscito va más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. Se trata de cambiar la constitución y no de reformarla.
El clamor general pide que lo esencial para vivir no sea un negocio, sino un derecho: educación pública gratuita, acceso al agua, electricidad y telecomunicaciones de manera sostenible.
El cambio constitucional también pasa por desmontar la tradición represiva de sus organismos de seguridad, que hasta ahora solo contemplan el restablecimiento del orden público vulnerando los derechos fundamentales de la personas.
Por protestar un país más justo y un cambio en la constitución, centenares de chilenos sufrieron lesiones oculares por parte de carabineros que les dispararon a la cara.
Muchos casos resultaron con lesiones permanente en la vista o parcial, sin que esto les haya restado las ganas de todavía ver un Chile mejor.
