Chile: ¿cauce amplio para la transformación social o un plebiscito chucuto?

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Una historia poco divulgada, porque se supo encubrir hábilmente, es que Chile fue el país seleccionado por la cúpula norteamericana y británica para poner en práctica la naciente doctrina del neoliberalismo.

El sistema político chileno, como le conocemos en la actualidad fue la cuna del nuevo paradigma económico. Con la venia del pacto Reagan-Thatcher se hacía frente al colapso del sistema de acumulación Fordista-Keynesiano.

Como explica el economista chileno, Orlando Caputo, la caída de la tasa de ganancia exigía un replanteo de las reglas de juego. Y la respuesta encontrada fue el desmontaje del Estado de bienestar, la desregulación y las privatizaciones.

En ese contexto la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet, venía como anillo al dedo, para Reagan (Ronald) y Thatcher (Margaret). El país austral se usó como un laboratorio de ensayo, para poner en práctica un régimen de máximas ganancias para el capital y extrema penuria para el pueblo.

Oligarquías pétreas

De ahí, la buena prensa que gozó Chile en los años 80 y 90. A pesar de que sus cúpulas militares, políticas y económicas estaban ensangrentadas con los más horrendos crímenes, la economía chilena siempre se presentaba como «milagrosa». En paralelo, todas las instituciones fueron captadas y amoldadas al nuevo esquema.

Ello explica por qué luego de 20 años de «democracia», la Constitución chilena sigue siendo la herencia nada democrática de Pinochet. La situación de Chile trae a la memoria el concepto de los artículos «pétreos» utilizado en Honduras, para echar del poder a Manuel Zelaya.

Son oligarquías que se entronizan en el poder político institucional y se blindan de una forma tal, que el pueblo nunca es tomado en cuenta. Al contrario todo está organizado para cerrarle sistemáticamente la puerta a cualquier atisbo de participación y soberanía popular.

Pero el pueblo chileno, tras décadas y décadas acumuladas de exclusión y desigualdad, ha logrado ciertas conquistas. Luego de meses de intensa protesta popular y en medio de una represión brutal, el gobierno chileno de Sebastián Piñera se vio forzado a realizar algunas concesiones.

Chile vota este domingo 25 de octubre por el «Apruebo» o «Rechazo» de un proceso constituyente para aprobar una nueva constitución. La segunda pregunta del plebiscito plantea: “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?”. Y las alternativas son: «Convención Mixta Constitucional» (asamblea conformada en un 50% por constituyentes elegidos directamente y 50% por miembros del actual Congreso) o «Convención Constitucional» (asamblea conformada por 100% de constituyentes elegidos). De ganar el «Apruebo», la elección de los convencionales constituyentes será el 4 de abril de 2021 junto con las elecciones municipales y de gobernadores regionales.

En teoría el plebiscito luce como una enorme conquista popular, en medio de un régimen asesino y violador de los derechos humanos, como ningún otro.

Artimañas y obstáculos

Sin embargo, como dicen los abogados hay que ver las «letras pequeñas del contrato», para ver que todo no es tan bonito como debería. Lejos están los chilenos de vivir un proceso histórico como el venezolano, porque la soberanía popular está maniatada bajo diversos mecanismos.

En primer lugar bajo un hábil ardid, no se elegirá un suprapoder como plantea la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, basada en el poder originario del pueblo. Si gana el «Apruebo» se escogerá una Convención Constitucional o Convención Constitucional Mixta (según sea su integración).

Esto como refiere la prensa internacional, implicará un alejamiento de lo que es una Constituyente, según el concepto tradicional. De hecho una Constituyente es un poder de poderes, representa la máxima instancia del Estado, mientras esté en funciones. Tiene facultades de hacer cualquier cambio, dentro de los principios que rigen el Estado de derecho. Para nada es el caso de lo que se propone en Chile.

El órgano que se elegirá no podrá “afectar las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado”. También está la correlación de fuerzas. De acuerdo con la normativa interna, se necesitan las dos terceras partes del quórum para aprobar la nueva constitución. Ello implica que una minoría podría vetar lo que acuerden las mayorías. Asimismo, temas de importancia medular como la titularidad del Estado sobre un recurso estratégico de la economía chilena, como el cobre no podrá ser abordado por esta nueva instancia.

¿Quiénes redactan?

El otro aspecto que levanta suspicacias en torno al alcance transformador real de esta histórica iniciativa es que aún en el caso de que los convencionales constituyentes sean electos por el voto popular, el sistema político chileno y la legislación vigente constituyen un terreno favorable para que se postulen personas vinculadas a los partidos tradicionales.

De hecho se piensa que, a la postre, la convención estará supeditada a las élites de siempre, bien sea directamente o por canales indirectos. Otro nubarrón que ensombrece la jornada democrática es que desde ya los «sesudos analistas», advierten que para poder acometer cambios de envergadura la diferencia debe ser contundente.

«Sería un mal comienzo que el <<Apruebo>> ganara por un margen pequeño: el trauma que vive Chile respecto a los legados de la dictadura provienen del plebiscito de 1988, cuando la dictadura militar terminó cediendo la transición a la democracia con un altísimo poder político (el «Sí» a Pinochet obtuvo un 43% y el «No» un 54,7%). Aquí no debe quedar duda de la posición mayoritaria», sostiene el politólogo Gabriel Negretto.

Ello quiere decir que desde ya hay una expectativa negativa, en favor de incrementar la polarización. Tal como pasó en Bolivia, las fuerzas que claman por reivindicaciones populares deberán volcarse a las urnas de votación y sacarle al conservadurismo por lo menos 20 puntos de ventaja.

Sería un mensaje contundente, difícil de escamotear por gente ruin como Luis Almagro y sus secuaces de la Organización de Estados Americanos (OEA). De cualquier modo, este domingo 25 de octubre se escribe una jornada histórica para los pueblos de Nuestra América. Una vez más será el pueblo el encargado de aclarar si en Chile habrá: ¿cauce amplio para una transformación social o un plebiscito chucuto?

 

 


 

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