En una publicación en su red social, el Procurador General de Bolivia, Wilfredo Chávez Serrano, informó que un juez de Miami, Florida (EE.UU.), sentenció a 7 años de prisión a Arturo Murillo, exministro de Gobierno de la administración de facto de Jeanine Áñez en Bolivia (noviembre 2019-noviembre 2020).
«Esta tarde se ha impuesto una sentencia condenatoria y se ha fijado la pena de 7 años de prisión para Arturo Murillo por los delitos de conspiración para cometer lavado de dinero y soborno», publicó.
7 años de prisión para Arturo Murillo
— Wilfredo Chavez Serr (@wichaser) January 4, 2023
La condena fue dictada por el juez federal Paul C. Huck, de la Corte del Distrito Sur de Florida. «Esta sentencia pone fin al proceso penal que se ha seguido en los EE.UU. por los delitos mencionados y debe cumplir dicha pena en la prisión federal de ese estado», apuntó el procurador Chávez Serrano.
El Gobierno boliviano formalizará la exigencia de devolución de 532 mil dólares como «víctima dentro de ese proceso penal»; según detalló el titular de la Procuraduría General de Bolivia.
Chávez Serrano indicó que la sentencia en EE.UU. es inapelable. No obstante, Bolivia ya inició el proceso de extradición a través de la Cancillería.
«Esto nos habilita a que avance nuestro proceso de extradición, que se ha iniciado en Bolivia (…) No se descarta que al concluir su pena, el señor Arturo Murillo sea deportado; vamos a pedir su estatus migratorio para saber qué situación jurídica va a tener», añadió.
Caso de sobornos
Murillo fue procesado en EE.UU. por sobornos y lavado de activos, cargos por los que se declaró culpable en octubre pasado.
El exministro de facto y su exjefe de gabinete, Sergio Méndez, fueron arrestados junto con tres ciudadanos estadounidenses; —Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, de 48— en mayo de 2021 en Florida y Georgia.
Estos hombres son acusados de participar en un esquema de sobornos entre noviembre de 2019 y abril de 2020. En ese lapso, según informó en su momento el Departamento de Justicia de EE.UU., los estadounidenses pagaron 602 mil dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno de facto de Bolivia; todos en beneficio de Murillo, Méndez y otro funcionario boliviano.
Los sobornos se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman, con sede en Florida, obtuviera y mantuviera negocios con el Ministerio de Defensa de Bolivia; específicamente un contrato de aproximadamente 5,6 millones de dólares para proporcionar gases lacrimógenos y otros equipos no letales.
Además, según la acusación, los implicados luego utilizaron el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos.
En Bolivia también se lleva a delante una investigación por este caso de la adquisición de los gases lacrimógenos y otros equipos no letales. En ese país se determinó que Murillo, junto a otros exfuncionarios, estafó al Estado 2,3 millones de dólares con esa compra.
De esos 2,3 millones de dólares, «532.000 han ido a parar a las manos de Arturo Murillo como jefe o líder de esa banda organizada que se ha dedicado a cometer estos delitos transnacionales, en este caso detectados en EE.UU.», expresó Chávez Serrano.
RT.
