El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechazó de manera categórica la decisión de la Fiscal Federal Argentina de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y el titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación (DIGCRI), Diego Solernó, en torno al secuestro de la aeronave de EMTRASUR, ilegalmente retenida.
La nota de rechazo a la decisión fue difundida por el canciller Yván Gil, quien publicó en la red social X el comunicado oficial que advierte la postura del gobierno nacional sobre la arbitraria medida.
La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica, la decisión de la Fiscal Federal Argentina de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y el titular de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación (DIGCRI),… pic.twitter.com/3Tnd4zHZYp
— Yvan Gil (@yvangil) December 30, 2023
En el comunicado se denuncia “la violación continuada de compromisos internacionales adquiridos por el Estado argentino con la subscripción de gobiernos internacionales, principalmente, el Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Carta de Naciones Unidas, Convenio Bilateral entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela y otros relativos a la Navegación Aérea Internacional y Derechos Humanos”.
El texto explica que la Comisión de Derecho Internacional reconoce que el Convenio de Viena sobre el Derecho a los Tratados, procede de Codificación del Derecho Internacional, es fuente autónoma de la disciplina según lo prevé el Artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional y por tanto, no aplica el tratado suscrito entre Estados Unidos y Argentina.
El gobierno nacional rechaza que la justicia argentina pretenda desconocer el contenido del Artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional que establece la prohibición de paralización o embargo de una aeronave en servicio por cuestiones de patentes.
Aclara que en un juicio lleno de arbitrariedades en incumplimiento del propio ordenamiento jurídico interno, se demostró que la tripulación, la aeronave y la carga, cumplieron todas y cada una de las normas internacionales para la navegación aérea.
Explica, en virtud de lo descrito, que el tratado entre Estados Unidos y Argentina no puede ser aplicado a un tercer Estado porque estaría en franca violación a las obligaciones asumidas en convenios multilaterales.
El gobierno venezolano solicita a la República Argentina la inmediata devolución de la aeronave que solo puede volar bajo autorización expresa de la República Bolivariana de Venezuela, a la cual pertenece.
Agencias.
