Así actúa el Ministerio Público ante denuncias de Derechos Humanos

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Un total de 603 funcionarios de seguridad de Estado han sido detenidos por vulneración de derechos humanos, 35 civiles señalados, 452 aprehendidos y 24 particulares. Otros 811 funcionarios han sido acusados y 129 civiles colaboradores. Cifra que engloba la gestión de los últimos 3 años del Ministerio Público de Venezuela.

En conferencia de prensa, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, reiteró el compromiso del Ministerio Público con la defensa de los derechos humanos.

“Debemos ser implacables contra este tipo de delincuentes. Utilizaron armas que les otorga el Estado con el fin de proteger a los ciudadanos para atentar contra ellos”.

Caso FAES y CICPC

Entre los casos mencionados presentó el caso de 8 personas identificadas como funcionarios adscritos a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), imputados por la presunta comisión de secuestro breve agravado, asociación, uso indebido de arma orgánica.

En tal sentido, informó que se trasladaban uniformados con chaleco y armamento; «fue solicitada la Boleta de Comisión, en virtud de que tenían esposado y con capucha a Roger Guerra dentro de uno de los vehículos».

El fiscal venezolano especificó que en vista de la situación, se procedió a desarmarlos y detenerlos. Se les incautó entre otros objetos «6 armas de fuego; 2 marca Glock, calibre 9mm y 4 Berettas, calibre 9mm junto con 59 Cartuchos 9mm y 6 cargadores de pistola 9mm».

Verificación de la información

Informó que al contactar al Comandante de la FAES Carúpano, verificaron que no tenía conocimiento sobre el procedimiento de los funcionarios. También «6 chalecos de protección balística, de color negro, 4 equipos telefónicos y los 2 vehículos en los que se trasladaban».

Saab informó se encuentran detenidos “los detectives Eduardo Enrique Azócar, Pedro Gonzales, Dimas González, todos adscritos al Eje de Homicidios del Cicpc de Carúpano; además del detective agregado Álvaro Pérez”.
También los oficiales “José Gil, Ángel Rodríguez; ambos del FAES del Distrito Capital, Juan González, técnico forense del Senamecf y el civil Luis Pérez”.

Irregularidades en procedimientos

La denuncia contra los funcionarios del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Carúpano y funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de Distrito Capital, por irregularidades en procedimientos de seguridad.

Los funcionarios adscritos a este Destacamento 532 de la Guardia Nacional Bolivariana con sede en el estado Sucre, tras una denuncia detuvieron los vehículos el pasado 20 de octubre de 2019.

“En relación con la decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia sobre la muerte del capitán Acosta Arévalo. El MP volverá a conocer del expediente en las próximas horas para precalificar estos hechos que significaron una violación de DD.HH”, informó antes de finalizar la comparecencia pública.

 


 

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