Arrestos a candidatos y ataques contra gobierno de Daniel Ortega: ¿Qué pasa en Nicaragua?

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En medio de una campaña de desprestigio han arreciado los ataques contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ante los arrestos de candidatos opositores a la presidencia, señalados por diferentes delitos como conspiración, terrorismo y hasta corrupción.

Desde el gobierno de Estados Unidos hasta políticos opositores venezolanos y la misma Organización de Estados Americanos (OEA), han arremetido en contra de Ortega por las detenciones de Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, José Bernard Pallais Arana y una orden de captura contra Mario Arana.

Sin embargo, lo cierto es que la actuación de las autoridades cumple con lo basado en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. La misma aprobada por el Parlamento nicaragüense en diciembre de 2020. Prohíbe optar por cargos de elección popular a ciudadanos «que encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional; inciten la injerencia extranjera y fomenten actos terroristas».

Los arrestos

En el caso de Maradiaga, «es investigado por realizar actos que amenazan la independencia, la soberanía y la autodeterminación; incitando a la injerencia extranjera en los asuntos internos y pidiendo intervenciones militares», reza un comunicado de la policía. También por «organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización», añade.

Por su parte, el Ministerio Público acusó a Cristiana Chamorro de los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica. Ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos, por su rol al frente de la prestigiosa Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Asimismo Pallais y Juan Sebastián Chamorro. Estos dos también están señalados por «realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación; además de incitar injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización». Asimismo por proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones; demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación.

Todo indica que no solo se trata de una campaña en contra del gobierno de Daniel Ortega, sino también de una aspiración a imponer los intereses de la derecha que rinde cuentas al gobierno de Estados Unidos en su afán de irrespetar la autodeterminación del país centroamericano. En este sentido, tras las detenciones, EE.UU. sancionó al diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del oficialista Frente Sandinista y operador político de dicho partido; el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes; Camila Ortega Murillo, hija de la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como Julio Rodríguez Balladares, un exmilitar que dirige el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM).

Nicaragua se pronuncia

De esta manera, el Gobierno de Nicaragua da a conocer que EE.UU. que calificó a Ortega de dictador, dictó medidas ilegales, arbitrarias, coercitivas y unilaterales, contra estos ciudadanos nicaragüenses.

«El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional protesta enérgicamente ante esta reiterada violación de los Instrumentos Internacionales que rigen el Derecho Soberano de los Estados, que no nos reconocemos como Colonia de ninguna Potencia, y que reivindicamos la Dignidad y el Decoro Nacionales; en legítima defensa de nuestra Autodeterminación, frente a los Estados Unidos de Norteamérica y a cualquier otra Entidad Colonialista y Neocolonialista, que a estas alturas de la Vida, creen tener el poder de avasallar y humillar nuestra Independencia»; dice un comunicado oficial del gobierno de Daniel Ortega.

Leopoldo López, ¿doble moral?

Leopoldo López, prófugo de la justicia venezolana, responsable de más de 40 muertes durante las guarimbas del 2014, se pronunció ante los hechos en Nicaragua y afirmó expresar su «solidaridad con todos los líderes opositores en Nicaragua; quienes están siendo perseguidos, detenidos arbitrariamente y algunos víctimas de desapariciones forzosas solo por disentir”. Sin embargo, su mensaje evade la legalidad de las detenciones sobre estos personajes; quienes aspiran a un cargo público pero han incurrido en delitos, que, en Venezuela incluiría el de traición a la Patria.

 

 


 

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