155 organizaciones de Derechos Humanos y Movimientos Sociales rechazaron ayer las pretensiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de visitar a Venezuela.
Estas pretensiones de la CIDH de “verificar la situación de los DD.HH. en nuestro país”, responden directamente a un nuevo ensayo de injerencia internacional planeado por la oposición liderada por el diputado en desacato Juan Guaidó, ya que la semana pasada anunció y pseudo-autorizó la visita “in loco” de la CIDH desde el 3 al 8 de febrero.
A través de un comunicado publicado en el portal oficial de la Cancillería venezolana, los organismos firmantes expusieron los basamentos legales por los que la CIDH no puede ingresar a Venezuela, definiéndolo por tanto como “un órgano sin competencia”.
“…el Estado ha denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos (que culminó su vigencia en fecha el 10 de septiembre de 2013) y de la Carta de la Organización de los Estado Americanos en fecha 27 de abril de 2017, haciéndose efectiva dos años después. Por tanto, el Estado venezolano no es miembro de la OEA y no existe una base jurídica que permita la actuación de la CIDH. Por tanto, resulta una actuación absolutamente arbitraria…”, indicó el texto.
Ante la pretensión de ingresar ilegalmente al territorio de un Estado, el comunicado expone que en fechas recientes la CIDH ha legitimado y se ha visto directamente vinculada como cómplice en varios golpes de Estado.
1.- Golpe de estado del 11 de abril de 2002 contra el presidente constitucional Hugo Chávez Frías, reconociendo al dictador Pedro Carmona Estanga como representante del Estado.
2.- Intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019, ejecutado por Juan Guaidó y Leopoldo López, personajes que además fueron beneficiarios de medidas cautelares dictadas por la CIDH.
3.- Golpe de Estado contra el Presidente legítimo Evo Morales en Bolivia, donde la CIDH actuó en la activación, desarrollo y legitimación.
Igualmente, el comunicado expone el comportamiento vergonzoso que ha tenido la instancia, violando todos los principios elementales de la democracia y derechos humanos, promoviendo la impunidad de autores intelectuales y materiales de homicidios, lesiones personales y a la salud de víctimas ocurridos durante los hechos de violencia política en nuestro país en los años 2012, 2014 y 2017:
1.- Acciones que beneficiaron a Henrique Capriles (sucesos del 2013), Leopoldo López y María Corina Machado Parisca (sucesos del 2014 y 2017), Ángel Vivas (sucesos del 2014), Luis Alejandro Mogollón Velásquez (sucesos del 2017), Juan Gerardo Guaidó Márquez (sucesos del 2019), entre otros.
Asimismo, denunciaron la postura de ese ente regional que discrimina a las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales ajenos a la polarización política existente en Venezuela, además de privilegiar con su actuación a instituciones financiadas desde el imperio estadounidense y países aliados que igualmente están vinculados a partidos políticos de la oposición.
Indicaron que el objetivo de la CIDH en Venezuela es entorpecer el proceso de diálogo impulsado por los principales actores políticos del país, con el fin de contribuir a generar tensiones y conflictos, para beneficio de sectores minoritarios de la oposición.
Exhortaron al organismo a abstenerse de “realizar actos de injerencia en los asuntos internos de Venezuela, que lleven a interferir en los procesos de resolución de conflictos desarrollados por los distintos actores nacionales”.
Por su parte, el canciller venezolano Jorge Arreaza, a través de una publicación en su cuenta Twitter, anexó la carta oficial donde el Estado venezolano, en ejercicio de su soberanía, no autoriza la visita de la CIDH.
Esta es la clarificante comunicación enviada a la @CIDH el pasado #27Ene.
Venezuela NO es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios NO está autorizada. pic.twitter.com/M3J4z2NubY— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) January 31, 2020
